La estafa de la vacuna de Moderna para el coronavirus

31 julio 2020

Cada día, al menos un cuarto de millón de personas en todo el mundo se infecta por el coronavirus y más de 5.500 mueren a causa de la enfermedad. Seis meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró su sexta y “más grave” Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, con al menos 17,1 millones de infectados y más de 669.000 muertos, el clamor público por una vacuna se ha vuelto cada vez más urgente.

Actualmente hay más de 4,5 millones de casos de COVID-19 solo en los Estados Unidos y poco menos de 154.000 muertos. La pandemia está en un espiral fuera de control. Sin embargo, el Gobierno hace meses abandonó cualquier esfuerzo serio para contener el virus.

Cuando se le preguntó sobre la desastrosa respuesta de su Administración al virus, el presidente Donald Trump inevitablemente ignoró el fracaso de las pruebas y las sombrías estadísticas de contagios y muertes y, en cambio, habló sobre el supuesto progreso en el desarrollo de una vacuna. La premisa no declarada detrás de esta postura es la política homicida de “inmunidad de rebaño” y la posición de que la población debe aprender hasta entonces “a vivir con el virus”.

Luego está Moderna Inc., una empresa de biotecnología de diez años de antigüedad que está investigando uno de los 164 candidatos diferentes para una vacuna contra el coronavirus. El martes, el Financial Times informó que la compañía está planeando cobrarles a EE.UU. y los otros Gobiernos entre 25 y 30 dólares por una dosis de su fármaco. La actitud del gigante farmacéutico fue explicada de manera muy cruda por Stephen Hoge, presidente de Moderna, que ganó casi 5 millones de dólares el año pasado y que dijo en una audiencia ante el Congreso la semana pasada: “No lo venderemos a precio de costo”.

El precio de Moderna es elevado incluso en comparación con otras empresas del sector de las vacunas, como Pfizer, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos por 19,50 dólares por dosis de su vacuna, y AstraZeneca, que ha firmado un acuerdo con los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia de 3 o 4 dólares por dosis si se aprueba su vacuna.

Moderna ya ha recibido 955 millones de dólares de la Operación Warp Speed de la Administración de Trump, encabezado por el exmiembro de la junta directiva de Moderna, Moncef Slaoui, así como apoyo técnico a través de su asociación con los Institutos Nacionales de Salud. Si su medicamento fuera aprobado, Moderna podría obtener ingresos potenciales de 16,5 a 19,8 mil millones de dólares solo por las ventas en los Estados Unidos.

Este es un ejemplo pernicioso de cómo la propiedad privada capitalista de industrias vitales como la atención sanitaria y la producción con fines de lucro convierten la búsqueda de una vacuna vital en un negocio lucrativo.

Moderna no es la excepción. Es un ejemplo de la norma. AstraZeneca recibirá 1.200 millones de dólares si logra fabricar una vacuna y Trump ya ha acordado comprar 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a 2.000 millones de dólares si el fármaco tiene licencia. Otra compañía farmacéutica, Novavax, obtendrá una ganancia de 1.600 millones de dólares si sus ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus tienen éxito.

Las donaciones del Gobierno, sin condiciones asociadas, también están siendo entregadas a compañías que no son fabricantes de vacunas. Esta semana se anunció que Eastman Kodak recibirá un préstamo de 765 millones de dólares a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. para hacer productos farmacéuticos genéricos. La Administración de Trump afirmó que este préstamo ayudará a producir medicamentos para combatir el COVID-19, pero Kodak no tiene programado aumentar la producción sino hasta en los próximos 5 a 8 años.

Los demócratas solo han planteado objeciones simbólicas. La diputada Jan Schakowsky, en una declaración a Barron's, pidió “un precio razonable de las vacunas y los tratamientos de COVID-19 que han sido desarrollados por los contribuyentes”. A lo sumo, se ha planteado la preocupación de que el presupuesto establecido para la Operación Warp Speed, de 10.000 millones de dólares, sea igualado por un aumento sustancial de los fondos para las pruebas y el rastreo de contactos.

Mientras tanto, unos 25 millones de trabajadores despedidos perdieron su beneficio suplementario por desempleo de 600 dólares a la semana, cientos de miles de pequeñas empresas están quebrando, y supuestamente no hay “dinero” para tapar los enormes agujeros en los presupuestos estatales y locales que significarán recortes masivos en la educación, la atención médica, el transporte público, vivienda y otros servicios públicos.

En un período anterior, existía un cierto compromiso con proporcionar vacunas vitales de forma gratuita. Después de que Jonas Salk desarrolló su cura para la poliomielitis, se movilizaron recursos para producir suficientes vacunas para inocular a millones de niños y eliminar virtualmente la enfermedad de los Estados Unidos y del mundo. Como resultado, de 1988 a 2018, el número de casos reportados cada año se desplomó de 350.000 a solo 33.

No hay planes para desarrollar un programa similar para distribuir una vacuna contra el coronavirus hoy en día. En su lugar, la pandemia se ve como una oportunidad para una bonanza financiera.

La capitalización del mercado de Moderna se ha multiplicado por más de siete en las últimas 52 semanas, a más de 30.000 millones de dólares. Gilead, el fabricante del tan aclamado medicamento pero mayormente ineficaz de remdesivir terapéutico, tiene ahora un valor de 90.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, la carrera por una vacuna está siendo utilizada por la oligarquía estadounidense como un arma en el campo geopolítico. El Gobierno estadounidense no está subvencionando a las compañías farmacéuticas para salvar vidas, sino para producir una vacuna “made in USA” que se utilizará como arma contra los países que considere impedimentos al impulso del imperialismo estadounidense para la hegemonía mundial, entre los que se incluyen China, Rusia, Irán, Venezuela, Corea del Norte y Cuba. Una vacuna fabricada por los EE.UU. también se utilizará para ganar influencia contra los antiguos aliados europeos de Washington.

Temiendo que China o incluso Rusia puedan desarrollar una vacuna antes que los EE.UU., los medios corporativos estadounidenses ya han lanzado una campaña de mentiras acusando a los dos países de hackear a los investigadores de vacunas estadounidenses. Esto tiene como objetivo criminalizar y socavar sus programas de vacunas y potencialmente justificar la prohibición de su importación a los EE.UU.

Como dijo en junio el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “No debería haber una división entre los ricos y pobres” en lo que respecta a la vacuna contra el coronavirus.

Pero estos llamamientos caen en oídos sordos. El nacionalismo exudado por Trump y sus homólogos mundiales no es el resultado de choques de personalidad, sino de los intereses económicos de los oligarcas capitalistas que gobiernan y determinan la política de cada país.

Esos intereses económicos y de clase están en conflicto irreconciliable con la urgente necesidad humana de un esfuerzo racional e internacionalmente coordinado, utilizando los conocimientos y recursos de todas las naciones, para desarrollar una vacuna que esté disponible para todos sin costo alguno. Cualquier cuestión de interés nacional o de lucro privado debe subordinarse a esta tarea socialmente necesaria.

Esto no puede suceder bajo el capitalismo, un sistema social anticuado y destructivo que subordina todas las consideraciones sociales al enriquecimiento cada vez mayor de una pequeña y parasitaria capa de multimillonarios y milmillonarios.

La fuerza social cuyos intereses coinciden con la ciencia y la preservación de la vida humana es la clase obrera internacional. Esta es la fuerza que debe ser llamada a luchar contra la pandemia.

Esto significa movilizar a toda la clase obrera para expropiar los gigantes farmacéuticos y todas las demás industrias importantes y transformar estos monopolios en empresas bajo control público. La dictadura de los intereses corporativos sobre la humanidad debe ser abolida y la vida económica debe ser puesta en manos de los propios trabajadores, estableciendo una sociedad socialista y auténticamente democrática.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de julio de 2020)

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Bryan Dyne