Presidente salvadoreño tilda las maras y la oposición de “plagas”

por Andrea Lobo
29 abril 2020

En la madrugada del sábado, los presos en El Salvador fueron sacados de sus celdas, dejados en ropa interior y obligados a estrujarse unos con otros en el suelo mientras los funcionarios saqueaban sus celdas. Con 323 casos confirmados de COVID-19 y ocho muertes, el presidente Nayib Bukele advirtió el lunes que hay una “transmisión comunitaria total”, lo que significa que el brote es mucho mayor de lo que se ha informado.

Las escandalosas imágenes de cientos de prisioneros semidesnudos obligados a sentarse unos junto a otros en filas herméticas podrían ser fácilmente confundidas como filtraciones no autorizadas. Sin embargo, algunas de las fotos fueron tomadas por los propios fotógrafos del Gobierno y compartidas por el propio Bukele y varios organismos gubernamentales, mientras que la prensa internacional fue invitada a filmar el horrible espectáculo.

La operación comenzó después de que el Gobierno declarara un “estado de emergencia”, citando un supuesto aumento de los asesinatos en todo el país, presuntamente ordenados por los líderes de las maras desde las prisiones. No se proporcionó ninguna prueba que apoyara esta afirmación, ni se encontró ninguna en las redadas. Los líderes detenidos de las maras fueron puestos en aislamiento, y los miembros de maras rivales fueron colocados sádicamente en celdas comunes.

Presos sometidos a una represión barbárica en El Salvador (crédito: Casa Presidencial de El Salvador)

La política es en sí asesina y dictatorial. El 10 de marzo, el propio Bukele ordenó el fin del “estado de emergencia” existente en las prisiones para centrarse en reducir el hacinamiento y “prevenir el coronavirus en la población penitenciaria”. Incluso la Constitución de 1983, establecida por una junta militar fascista, no concibe la fabricación extralegal de un “estado de emergencia”. Enumera un “régimen de excepción” que suspende gran parte de los derechos constitucionales, pero no “el derecho a la vida y a la integridad física y moral” que se le niega a los presos. Las medidas han puesto en peligro al personal de las prisiones y a todo el país.

Esta campaña “antimaras” tiene varios objetivos a medida que se intensifica la crisis pandémica, pero “proteger la vida de los salvadoreños” no es uno de ellos. La represión no es tanto una reacción a los asesinatos como una respuesta calculada de clase a la creciente oposición social. En todo el mundo, la clase dominante capitalista está llegando a la conclusión de que la protección de su riqueza y sus intereses de lucro ante el recrudecimiento de la crisis es incompatible con las formas democráticas de gobierno.

El viernes por la mañana, Bukele se reunió con el embajador de EE.UU., Ronald Johnson, para llamar al presidente Donald Trump. Esto fue seguido por declaraciones públicas de apoyo mutuo. Más tarde ese día, el Gobierno y las principales organizaciones empresariales de El Salvador anunciaron un plan para “reactivar la economía”, que incluía un programa de 1.000 millones de dólares, compuesto principalmente de préstamos para empresas y pequeños negocios y apenas 50 millones de dólares para asistencia alimentaria.

“Esta propuesta económica la hemos estado trabajando con organismos internacionales, inversionistas que compran títulos de El Salvador”, comentó el Ministro de Economía Nelson Fuentes. Bukele añadió: “De esta manera seguiremos con la prioridad de cuidar la salud y la vida de los salvadoreños; pero, paralelamente, le daremos un empujón a nuestra economía para que podamos aguantar y luego arrancar motores de nuestra creatividad, emprendedurismo y trabajo”. Poco después, ordenó el asalto a los prisioneros.

Por un lado, las empresas exigen una reapertura “gradual” de los negocios no esenciales en condiciones inseguras, a pesar de que las medidas de cuarentena se han ampliado hasta el 16 de mayo.

Por otro lado, la clase obrera, cuya mayoría sobrevive día a día en el sector informal, exige ayuda y la continuación de las medidas de distanciamiento social y otras protecciones necesarias para contener el virus. Hubo protestas amplias que fueron reprimidas por la policía antidisturbios el 30 de marzo, cuando el Gobierno cerró las oficinas repartiendo estipendios de 300 dólares para los sectores más empobrecidos.

Bajo estas presiones, la respuesta de la oligarquía salvadoreña se define por su total subordinación al imperialismo estadounidense, como administradores –en el contorno del Estado-nación salvadoreño— de la mano de obra barata, recursos naturales y un mercado de consumo limitado para las transnacionales y el capital financiero, combinado con el saqueo de las finanzas públicas para los propietarios de títulos de deuda.

Detrás de su campaña “antimaras”, Bukele ha buscado abiertamente socavar la Asamblea Legislativa y establecer una dictadura personalista con el apoyo de las fuerzas armadas. Desde su campaña electoral del año pasado, ha basado su estrategia en explotar el odio popular por los partidos tradicionales corruptos.

La Asamblea está controlada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacional (ARENA), que compartieron el poder desde el final de la guerra civil en 1992 hasta 2019. Defendieron consistentemente los intereses de la élite gobernante mediante la austeridad, las privatizaciones, el mantenimiento de los salarios de miseria y la creación de fuerzas especiales entrenadas por los EE.UU. que han estado asociadas a escuadrones de la muerte.

A pesar de las amenazas violentas directas, han respondido a las políticas de Bukele con moderadas críticas, haciendo todo lo posible para evitar el estallido de protestas. Han aprobado un gasto récord en seguridad y un préstamo de 2.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia.

El 9 de febrero, Bukele ocupó la Asamblea con tropas, alegando que los legisladores estaban vinculados a las pandillas y exigiendo la aprobación de un préstamo para el fortalecimiento de las fuerzas armadas. Una multitud de varios miles de partidarios de Bukele se reunieron fuera, exigiendo que las tropas arrastraran afuera a los diputados de la oposición.

El jueves pasado, Bukele inventó una “significativa sospecha” de un brote de COVID-19 entre los legisladores para forzar la suspensión de las actividades en la Asamblea ese día. El domingo, afirmó en Twitter que su Gobierno no ha visto “ni un centavo” del dinero aprobado por la Asamblea, y añadió: “Tarde o temprano, ellos [los legisladores] van a pagar por sus acciones antipatrióticos [ sic ]”. Y el lunes por la mañana, su secretario jurídico, Conan Castro, habló de “señalamientos”, de nuevo sin aportar pruebas, de que los partidos políticos están financiando el aumento en asesinatos.

Buscando crear una atmósfera de guerra, Bukele compartió fotos de una reunión con el gabinete de seguridad, llevada a cabo alrededor de la 1 a.m. del lunes.

A pesar de dirigirse inicialmente contra el Congreso y las pandillas, a los que se ha referido como “plagas”, el objetivo final de este impulso autoritario es la clase trabajadora. Bukele busca movilizar a las capas fascistas de las fuerzas armadas y a sus partidarios políticamente desorientados como tropas de choque contra la oposición social de los trabajadores y la juventud. Esto lo evidencian numerosos comentarios en las publicaciones oficiales que muestran las fotos de los presos amontonados. Un hombre escribió: “Que chivo se ve para rociar Baygon [insecticida]. Todas las cucarachas juntitas”. Otro escribió: “Quizás así se mueren más rápido todos esos perros asesinos”.

El fin de semana, la policía detuvo a Aaron Elías Martínez, después de que grabara un vídeo en redes sociales en el que afirmaba liderar un grupo armado para enfrentar a “todos estos que quieren levantar a la gente en contra del presidente”. En lo que fue claramente una respuesta al arresto, Bukele buscó promover actividades propias de escuadrones de la muerte como legítima defensa. Twitteó, “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”. Añadió que su Gobierno proporcionará la defensa legal a aquellos “injustamente acusadas por defender la vida de la gente honrada”.

Las medidas de “cuarentena social” se han centrado en atacar el debido proceso y normalizar los abusos policiales mucho más ampliamente que en las prisiones. Más de 2.000 personas, en gran parte trabajadores informales, han sido arrestadas. Para el 22 de abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había informado de 778 acusaciones contra la policía y el ejército en relación con “detenciones ilegales” y “tratos crueles, inhumanos y degradantes” como parte de la cuarentena. El Faro informó que el 15 de abril, siete soldados y un oficial de policía entraron y allanaron las habitaciones de al menos seis casas en Mejicanos, amenazando a la gente y advirtiéndoles que no salieran de sus casas, pese a potencialmente estar contaminando sus casas.

Se están preparando las condiciones para emplear las medidas de cuarentena para reprimir a la oposición, obligar a un número cada vez mayor de trabajadores a arriesgarse a infectarse a sí mismos y a sus familias en el trabajo, y ocultar la cantidad de víctimas de COVID-19 y la falta de alimentos y otras necesidades básicas.

Esto requeriría la participación de las principales maras, MS-13 y Barrio 18, que controlan la mayoría de los distritos y tienen grandes intereses comerciales. También se han documentado hostigando a los trabajadores militantes de las maquiladoras al servicio de sus propietarios.

Sin embargo, tales planes barbáricos no han superado la oposición de las masas obreras. Las protestas de clase contra un regreso prematuro al trabajo son ya un fenómeno mundial. Sin embargo, los trabajadores deben sacar las conclusiones necesarias de la respuesta oficial a la pandemia. Oponerse al giro hacia una dictadura y a la indiferencia del Gobierno hacia sus vidas y medios de vida requiere una lucha revolucionaria de la clase obrera internacional contra el sistema de lucro capitalista, que es el origen de estos procesos. En El Salvador, esto significa la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional para dirigir a la clase obrera en la lucha por el poder y el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 28 de abril de 2020)