Los sindicatos le piden a un líder catalán encarcelado su apoyo al gobierno del PSOE y Podemos en España

por Alejandro López
12 diciembre 2019

La semana pasada, los dirigentes de los dos sindicatos más grandes de España, Pepe Álvarez de la socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) y Unai Sordo de la estalinista Comisiones Obreras (CCOO), se reunieron con el dirigente encarcelado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras. Actuando en nombre del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, le pidieron el apoyo de ERC a un gobierno del PSOE y Podemos.

UGT y CCOO están colaborando con el intento de Podemos y el PSOE de instaurar un gobierno militarista y austero. En estos esfuerzos, presionaron descaradamente a un preso político, a Junqueras, encarcelado bajo el gobierno del PSOE por acusaciones fraudulentas por organizar protestas pacíficas y un referéndum. El objetivo de su visita —conseguir el apoyo de un preso político al régimen de Estado policial que lo recluye, que está comprometido con los miles de millones de euros en recortes sociales que afectan a los trabajadores— pone de relieve su hostilidad a los derechos democráticos y a la clase trabajadora.

El encuentro tuvo lugar mientras el PSOE y Podemos, con un total conjunto de 155 de los 350 escaños del parlamento, necesita el apoyo de ERC para obtener la mayoría parlamentaria para el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, ya sea mediante la abstención o votando directamente para llevarlo al poder. El PSOE ya ha recibido el apoyo de otros pequeños partidos regionalistas y nacionalistas. Sin embargo, los 13 legisladores de ERC son esenciales.

Álvarez afirmó públicamente que no actuaba en nombre del gobierno, declarando: “El gobierno no me ha pedido nada, y ni siquiera fue informado”.

CCOO por su parte publicó una nota de prensa tras el encuentro, admitiendo que fue a ver a Junqueras para convencer a ERC que facilite “la investidura de un gobierno progresista y de izquierdas que proponga el diálogo y soluciones efectivas al conflicto político que existe en Cataluña, y que rompa el bloqueo institucional y político que ya dura demasiado tiempo”.

CCOO añadió que le había pedido a ERC que apoyara un gobierno progresista para poner como prioridad política “la agenda social” y temas tales como la reforma laboral, jubilación, vivienda, seguridad social, política fiscal, la “feminización” de la sociedad y políticas para los jóvenes. Concluyó diciendo que CCOO había transmitido el mensaje de que no se puede perder más tiempo para establecer un gobierno con un programa progresista, ya que “hay mucho en juego”. Esto incluye cosas tales como promover “una solución política en Cataluña” y “parar a la extrema derecha anticatalana xenófoba, homófoba, machista y neofascista” mediante políticas sociales que beneficien a amplios sectores de la sociedad.

Tales declaraciones son completamente cínicas. Un gobierno del PSOE y Podemos no parará el crecimiento del partido ultraderechista Vox, sino que allanará el camino a su crecimiento mediante políticas derechistas indistinguibles de las de gobiernos anteriores. El acuerdo entre los socialdemócratas y Podemos compromete el nuevo gobierno con la austeridad, estimada en cerca de €10 mil millones según las exigencias de la Unión Europea.

Respecto a los derechos democráticos, el gobierno del PSOE ya ha mostrado sus verdaderas intenciones al promulgar la Ley de Seguridad Digital. Apodada popularmente como la “Ley Mordaza Digital”, le abre las puertas a la censura masiva, permite que el Estado cierre sitios web, infraestructura de internet y aplicaciones a voluntad, sin orden judicial. Fue aprobada debido al apoyo de los partidos derechistas y la abstención de Podemos.

Digan lo que digan los sindicatos, la campaña anticatalana de hecho se está intensificando bajo el gobierno en funciones del PSOE. El presidente regional catalán Quim Torra se enfrenta a acusaciones de “desobediencia” que, si tienen éxito, le prohibirán ocupar el cargo. Treinta y tres hombres de negocios, empleados públicos y altos cargos del antiguo gobierno regional catalán, incluyendo a los directores de la radio y televisión pública catalana, TV3 y Catalunya Ràdio, están siendo procesados actualmente en relación del referéndum sobre la independencia de octubre de 2017.

El PSOE en Cataluña también está proponiendo aumentar el uso del idioma español en las escuelas en detrimento del catalán, después de haber defendido la primacía del catalán en las escuelas durante las últimas décadas.

El acuerdo entre el PSOE y Podemos no dice nada sobre revertir las odiadas reformas laborales promulgadas por los sucesivos gobiernos del derechista PP y el PSOE que han devastado a la clase trabajadora, causando una precariedad masiva y recortes salariales. Solo se puede concluir que eso es porque ambos partidos se proponen preservar esas medidas.

En asuntos exteriores, el gobierno del PSOE en funciones ha apoyado la salvaje represión policial a trabajadores y jóvenes del gobierno derechista de Sebastian Piñera en Chile que ha matado a más de 20 personas en las protestas contra la austeridad y la desigualdad. Según El Mundo, Sánchez dio su aprobación al Ministerio del Interior español para hacer “lo que sea necesario” si el gobierno chileno lo contacta para pedir apoyo policial.

Según El Mundo, “España adiestrará a la Policía chilena para que haga frente a los violentos incidentes que sacuden sus calles en las últimas semanas. El presidente del país americano solicitó colaboración al Ejecutivo en funciones para aprovechar la experiencia española, tanto en Cataluña como en el País Vasco”. Es decir, brindarán al régimen chileno métodos españoles de vigilancia masiva, acusaciones amañadas y tortura.

El papel de los sindicatos como principales negociadores en nombre del PSOE y Podemos con ERC refleja la larga evolución de los sindicatos, que hace décadas funcionaban como organizaciones defensivas de la clase trabajadora, pero ahora atacan los derechos sociales y democráticos de la clase trabajadora.

Como señaló David North, director de la Junta Editorial Internacional del WSWS, hace más de dos décadas, “Al apoyarse en las relaciones de propiedad capitalista, los sindicatos están, por su propia naturaleza, obligados a adoptar una actitud hostil hacia la lucha de clases”. North añadía: “Dirigiendo sus esfuerzos hacia conseguir acuerdos con empleadores que fijen el precio del poder de trabajo y determinen las condiciones generales en las que la plusvalía se extraerá de los trabajadores, los sindicatos están obligados a garantizar que sus miembros suministren su poder de trabajo de acuerdo con los términos de los contratos negociados”.

En España, CCOO y UGT han supervisado los ataques constantes a las condiciones de trabajo y los niveles de vida. Según la ONG católica Caritas, 2,4 millones de los 47 millones de españoles viven en la extrema pobreza y 1,8 sufren de exclusión social. En inseguridad laboral, entre 2008 y 2016, el salario de los jóvenes de entre 20 y 24 cayó un 15 por ciento y el salario de aquellos entre 25 y 29 años cayó un 9 por ciento. El desempleo juvenil permanece en un 30 por ciento.

Los sindicatos han desempeñado un papel clave. Desde el estallido de la crisis de 2008, han negociado reformas laborales con gobiernos del PP y del PSOE, han convocado paros de un día inofensivos para descargar tensiones, y han negociado recortes salariales y condiciones de trabajo precarias. También han permitido a la clase gobernante que procediera con la campaña anticatalana, el principal medio por el cual la clase gobernante ha impuesto medidas de Estado policial en los años pasados dirigidas a toda la clase trabajadora.

Por estos servicios, gobiernos locales, autonómicos y nacionales han inundado a los sindicatos españoles con cientos de millones de euros. Solo por los cursos de formación que ofrecen a los desempleados, subempleados y funcionarios públicos, los sindicatos recibieron €350 millones el año pasado. Esto no incluye los subsidios a nivel regional, donde solo en Cataluña el año pasado recibieron casi €3 millones. Los sindicatos también recibieron subsidios directos de €8 millones de las arcas del Estado.

A lo largo de las décadas, los trabajadores han reaccionado abandonando estas organizaciones infames. A lo largo solo de la última década, CCOO y UGT perdieron 730.000 miembros, y su total de miembros cayó del 17 al 13 por ciento de la fuerza laboral según las estadísticas más recientes. Sin embargo, durante este período, siguieron siendo la principal herramienta de la clase gobernante para imponer los “acuerdos colectivos” a los que se llegó con la patronal de las empresas que afectan al 73,1 por ciento de los trabajadores.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de diciembre de 2019)