Crecen las demandas para que el gobierno australiano defienda a Julian Assange

por Oscar Grenfell
21 octubre 2019

Durante la semana pasada, varias figuras públicas prominentes, incluyendo a los parlamentarios federales, pidieron al gobierno australiano que cumpla con sus obligaciones de defender al editor de WikiLeaks, Julian Assange, incluso tomando medidas para evitar su extradición de Gran Bretaña a los Estados Unidos.

Las declaraciones vienen en el período previo a las audiencias de extradición de Reino Unido en febrero, cuando se decidirá si Assange es enviado a los EEUU. Se enfrenta a una sentencia máxima de 175 años en una prisión estadounidense por revelar crímenes de guerra e intrigas diplomáticas estadounidenses.

Julian Assange

Existe preocupación en el establishment político y mediático australiano de que la negativa de los sucesivos gobiernos a defender a Assange, un ciudadano y periodista australiano, haya generado una gran ira y oposición. El temor en los círculos gobernantes es que si Assange es extraditado, o si su pésima salud continúa deteriorándose, el apoyo latente para él se unirá en un movimiento político contra toda la organización oficial.

En una declaración a la Cámara de Representantes el miércoles, el diputado independiente Andrew Wilkie declaró que Assange es “un ciudadano australiano y debe ser tratado como cualquier otro australiano. No estaba en los Estados Unidos cuando proporcionó evidencia de crímenes de guerra estadounidenses en Irak. Él no puede haber incumplido las leyes”.

Wilkie dijo que si Assange es extraditado a los Estados Unidos, “se enfrenta a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la exposición a la tortura y un juicio poco fiable. Y esto tiene serias implicaciones para la libertad de expresión y la libertad de prensa aquí en Australia, porque si permitimos que un país extranjero acuse a un ciudadano australiano por revelar crímenes de guerra, entonces ningún periodista o editor australiano puede estar seguro de que lo mismo no les pueda pasar a ellos”.

Concluyó diciendo: “Simplemente, se le debe permitir regresar a Australia”.

Wilkie, un exagente de inteligencia que renunció para hablar en contra de las “armas de destrucción masiva”, mentiras utilizadas para justificar la invasión ilegal de Irak en 2003, ha condenado previamente el ataque a los derechos democráticos. En 2010 y 2011, hizo declaraciones y habló en eventos públicos en defensa de Assange. Sin embargo, junto con los Verdes y una gran cantidad de organizaciones por las libertades civiles, Wilkie ha guardado silencio sobre la difícil situación del fundador de WikiLeaks durante varios años y ha boicoteado todas las acciones hechas en su defensa.

Según algunas noticias en los medios de comunicación, el parlamentario independiente ahora está tratando de formar un comité parlamentario multipartidista para pedir al gobierno que se oponga a la persecución de Assange.

Las declaraciones de Wilkie siguieron los comentarios al comienzo de la semana del diputado nacional y ex viceprimer ministro Barnaby Joyce, quien advirtió sobre las implicaciones de gran alcance del intento de los Estados Unidos de enjuiciar a Assange, un ciudadano australiano, según la ley nacional estadounidense, por publicar actividades realizadas en Europa.

Joyce es una figura de derecha que ha desempeñado un papel de liderazgo en los gobiernos que han participado en guerras depredadoras lideradas por Estados Unidos en el Medio Oriente y en el deterioro de los derechos democráticos en Australia.

Sin embargo, fue uno de los primeros parlamentarios en exigir al antiguo gobierno de coalición de John Howard que tomara medidas para la liberación del ciudadano australiano David Hicks de la prisión militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo. El brutal trato de Hicks había provocado una indignación generalizada, y estaba ganando un creciente apoyo una campaña por su libertad.

Joyce, un populista que ha tratado de construir una base de apoyo en las zonas rurales, era muy consciente de los sentimientos a favor de Hicks entre los trabajadores de los centros regionales y las ciudades del interior. Jugó un papel en el sórdido acuerdo negociado por Howard, que vio a Hicks regresar a Australia en 2007. Hicks se vio obligado a cumplir una sentencia de prisión falaz en Australia y se le prohibió durante un año hablar con los medios.

En comentarios a los medios de comunicación el lunes, el exministro de Relaciones Exteriores laborista, Bob Carr, insinuó las preocupaciones que animaban los comentarios en defensa de Assange por parte de tales figuras desde dentro del establishment político.

Carr le dijo al Sydney Morning Herald que la gente común estaría “profundamente incómoda” acerca de la posibilidad de que un ciudadano australiano sea entregado al “infierno en vida de una cadena perpetua en una cárcel estadounidense”. Criticó a la actual ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, por su afirmación de que hizo representaciones “amistosas” en nombre de Assange ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo ha denunciado a Assange como un “demonio” a quien no le corresponde ningún derecho democrático y ha calificado a WikiLeaks como un “servicio de inteligencia hostil no estatal”.

Carr declaró: “Creo que el tema cobrará ritmo, y en el juicio final habrá un alto nivel de preocupación pública australiana, tanto entre los votantes conservadores como entre los demás”.

En sus comentarios más fuertes en defensa de Assange por el momento, Carr declaró: “Tenemos el derecho absoluto de saber sobre crímenes de guerra estadounidenses en un conflicto que el gobierno australiano del momento apoyó firmemente. No sabríamos de ellos si no fuera por Assange”.

Carr no es político inocente. Durante sus décadas en el Partido Laborista, funcionó como un informante secreto para la embajada de los Estados Unidos, a partir de la década de 1970. Fue uno de los principales ministros del gobierno laborista de Gillard, que se negó a defender al fundador de WikiLeaks y, en cambio, se comprometió a ayudar en la campaña de Estados Unidos contra él.

Que Carr haya hablado ahora es una medida de los temores dentro de la élite gobernante de que la defensa de Assange animará a millones de trabajadores, estudiantes y jóvenes en el próximo período.

En consonancia con el papel central de los laboristas en la búsqueda de Assange liderada por Estados Unidos, ninguna figura prominente actual en el partido se ha unido a los llamados para que se le defienda. Cuando el fundador de WikiLeaks fue expulsado ilegalmente de la embajada ecuatoriana y arrestado por la policía británica en abril, la diputada laborista Tanya Plibersek compartió un Tweet denunciando a sus simpatizantes como “sectarios”.

Julian Hill, un diputado federal ordinario poco conocido que representa a un electorado de la clase obrera de las afueras de Melbourne, es el único diputado laborista que se quejó. Le dijo al Guardian el jueves que Assange es “australiano y, al menos, debemos ser vigorosamente consistentes en oponernos a la extradición a países donde podría enfrentarse a la pena de muerte”.

El primer ministro Scott Morrison respondió esta semana declarando insípidamente que Assange debe “enfrentarse a la música” en los Estados Unidos. Los principales ministros del gobierno previamente han injuriado a Assange, repitiendo las mentiras inventadas por las agencias de inteligencia de Estados Unidos para desacreditarlo.

El senador liberal James Paterson intentó proporcionar un argumento más sofisticado a la negativa del gobierno de defender a Assange, y le dijo al Sydney Morning Herald la semana pasada que Gran Bretaña y los Estados Unidos eran “Estados de derecho”.

Paterson declaró piadosamente: “Este no es el caso en muchos otros países del mundo. Lamentablemente, sabemos que hay ciudadanos australianos detenidos en este momento en China e Irán que no se enfrentan a sistemas legales libres y justos ... y el gobierno australiano tiene una obligación mayor de ayudar a esos ciudadanos”.

La sugerencia de que el gobierno australiano tiene la responsabilidad de defender a sus ciudadanos en algunas jurisdicciones, pero no en otras, es una ficción legal que no tiene base en la legislación australiana o internacional.

Las declaraciones de Paterson, además, se enfrentan a las reiteradas advertencias de funcionarios de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos de que las autoridades británicas y estadounidenses han pisoteado los derechos legales y democráticos de Assange.

Los comentarios de Paterson apuntan a la verdadera razón por la cual los sucesivos gobiernos australianos, tanto laboristas como liberales-nacionales, se han unido a la venganza liderada por Estados Unidos contra Assange. Su participación en los ataques contra él ha ido al lado de un respaldo incondicional a la alianza estadounidense y el apoyo al fortalecimiento militar de Washington en la región de Asia y el Pacífico, en preparación para la guerra contra China.

Los antecedentes demuestran que no se puede poner fe en ninguna sección del establishment político o mediático para defender a Assange ni ningún derecho democrático. Todos los partidos e instituciones oficiales de Australia están implicados en la persecución del fundador de WikiLeaks. Tomarán medidas solo si temen las consecuencias políticas de no hacerlo.

Los trabajadores, estudiantes y jóvenes deben movilizarse como parte de un movimiento internacional que exija la libertad inmediata de Assange y de todos los prisioneros de la lucha de clases. Esta es la única forma en que un gobierno australiano se verá obligado a cumplir con su responsabilidad de evitar la extradición de Assange a los Estados Unidos y permitirle regresar incondicionalmente a Australia.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2019)