La mina más grande en Bolivia y el sector de salud pública entran en huelga

por Andrea Lobo
22 agosto 2019

Los 834 trabajadores en la mina San Cristóbal, la más grande en Bolivia y la tercera mayor productora de plata en el mundo, entró en una huelga indefinida el domingo para exigir que la transnacional con sede en Japón, Sumitomo, acate una sentencia del 9 de agosto de un tribunal laboral pagándoles las jornadas dominicales, feriados, horas extra y nocturnas, lo cual no ha hecho desde que compró la mina en 2006.

Los mineros han denunciado tener que trabajar jornadas extenuantes de 12 horas por los últimos 12 años sin una compensación completa. Ante el malestar, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de San Cristóbal (SMTMSC) apeló en agosto de 2018 al Ministerio de Trabajo y a las cortes que dieron su resolución un año después. En marzo, el sindicato transportó a 600 mineros y familiares a la capital de La Paz para que marcharan haciendo un llamado al Gobierno de Evo Morales, el cual controla efectivamente la Central Obrera Boliviana (COB) a la cual pertenece el sindicato sancristobaleño.

Al no poder contener el enojo de los mineros tras mantenerlos en el trabajo sin compensación completa por otro año más, el SMTMSC convocó a la huelga después de que la compañía no cumplió con el fallo. El domingo, aproximadamente 600 mineros, familiares y simpatizantes llevaron a cabo otra marcha en La Paz. La empresa todavía no ha dado una respuesta.

Esta huelga coincide con un paro nacional indefinido del sector de salud pública iniciada el lunes. Los doctores, enfermeros y otros trabajadores de salud están exigiendo un importante aumento en el gasto al sector, de 6,5 por ciento a 10 por ciento en el presupuesto gubernamental para el cumplimiento de beneficios impagos a empleados estatales y el mejoramiento de las condiciones en los hospitales públicos.

Esto sigue una huelga de 47 días el año pasado, la cual fue violentamente reprimida por la policía, pero obligó a Morales a cancelar una ley de mal praxis que buscaba culpar como chivos expiatorios a los doctores por el estado decrépito del sistema estatal de salud. Aun así, Morales denunció la “huelga política que causo tanto daño a miles de personas enfermas”.

En julio, después de que dos doctores murieran por un virus contraído en el trabajo, los trabajadores del sector realizaron otra huelga de dos días. En esa instancia, la dirección de la COB amenazó a los huelguistas con “movilizaciones”, es decir, con enviar matones, y con despidos. Al mismo tiempo, el Gobierno de Morales los amenazó con arrestos, incluso emitiendo una orden de arresto contra el presidente de la Colegio Médico de La Paz.

Ante el creciente descontento desde abajo, Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) están virando bruscamente hacia la derecha, adoptando formas autoritarias de gobierno para defender las ganancias de las corporaciones transnacionales y los buitres financieros. Si la Corporación Sumitomo siente que puede ignorar el fallo judicial, es porque ha realizado la medida del proempresarial Gobierno del MAS y sus sindicatos.

Asimismo, sintiendo el respaldo del imperialismo japonés, europeo y estadounidense como partido preferido de gobierno burgués en Bolivia, Morales está persiguiendo su cuarto término en las elecciones del 20 de octubre, desafiando el resultado del referéndum de 2016, la Constitución y manifestaciones frecuentes.

El sábado, en un mitin de campaña masivo, Morales presumió que “un grupo de empresarios privados se suma y qué me dicen: ‘no soy del MAS, no soy del proceso, pero estoy ganando mejor que con mi partido’. Me lo dicen de manera sincera”.

Morales está ganando cómodamente las encuestas contra el odiado expresidente y exvicepresidente de derecha, Carlos Mesa Gisbert, quien presidió la represión militar que cobró docenas de vidas durante el levantamiento masivo de 2003 que exigía la nacionalización del gas natural.

Los mineros en San Cristóbal, los doctores en huelga y la clase obrera cada vez más intranquila en Bolivia necesitan extraer conclusiones sobre el carácter de clase del Gobierno de Morales, el MAS y los sindicatos.

La llegada al poder de Morales —y Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva antes de él— representó la respuesta de la clase gobernante capitalista a la serie de levantamientos masivos con posibilidades revolucionarias durante el cambio de siglo en toda América Latina. Este movimiento desde abajo se desarrolló en oposición al rápido crecimiento de la desigualdad social que derivó de las continuas privatizaciones, medidas de austeridad, el subsecuente estancamiento económico y la represión, después de las promesas de prosperidad y democracia hechas durante la transición de las dictaduras militares que gobernaron entre los años sesenta y ochenta (en Venezuela en la década anterior).

Entre la “Guerra del Agua” de 2000 contra la privatización del agua, a través de la “guerra del gas” de 2003 y las elecciones de 2005, Bolivia vio la caída de cinco presidentes. El MAS, con el apoyo de docenas de organizaciones pseudoizquierdistas en toda la región, pudo encarrilar este resurgimiento detrás de la elección presidencial de Morales en 2005.

Las limitadas nacionalizaciones y los aumentos en el gasto social bajo la dizque “marea rosa latinoamericana” solo fueron aceptados por el capital financiero globalizado para proteger la mayor parte de su propiedad y ganancias, dado que estas estaban viviendo una expansión masiva gracias al aumento en los precios de las materias primas, a su vez impulsado por el crecimiento chino.

Como con sus contrapartes regionales, la prioridad de Morales fue el pago de la deuda externa, que se redujo de 52 por ciento a 24 por ciento del PIB, mientras que abría el país a una expansión masiva de la extracción de minerales y combustibles, lo que más que triplicó el PIB del país.

El fin del auge de las materias primas en 2014 y la actual desaceleración económica mundial, recrudecida por la guerra económica estadounidense contra China, ha socavado la capacidad de Morales de balancear entre el gasto social y los lazos con potencias rivales. Las corporaciones transnacionales están exigiendo el acceso más barato y más exclusivo posible a los vitales minerales en Bolivia. Al mismo tiempo, la competición por inversiones ha aumentado la fricción con su país vecino de Chile, el cual rechazó el año pasado el derecho soberano de una Bolivia sin litoral a los puertos del Pacífico.

Tres cuartas partes de las exportaciones bolivianas consisten en petróleo y productos mineros. Prácticamente toda la plata, zinc y plomo, que constituyen los minerales producidos en San Cristóbal y que conforman una quinta parte de las exportaciones del país, se transporta por medio de Chile y Perú a Asia y Europa.

Los mineros en San Cristóbal ya han visto el servilismo del Gobierno de Morales y la COB a una empresa como la Corporación Sumitomo, que controla 931 compañías en 66 país con 65.662 empleados y cuyos activos suman los $69,1 mil millones, comparado con el PIB de Bolivia de $40,3 mil millones.

En 2010, un grupo de indígenas locales y organizaciones de activistas en San Cristóbal formó la “Mesa 18” para exigir la nacionalización sin compensación de la mina. Apuntaron a que Sumitomo estaba pagando una miseria de impuestos que no estaban beneficiando a la región. Morales denunció a la mesa de estar “instrumentada por la derecha” y en cambio se reunió con el presidente de Sumitomo en ese momento para aclamar a la firma por ser “muy importante para el desarrollo del país”. Un año antes, Sumitomo había decidido comprar todos los activos de la mina después de que Morales prohibiera la nacionalización de las concesiones mineras existentes.

En respuesta, 600 manifestantes indígenas frenaron la mina bloqueando el riel entre San Cristóbal y el puerto en Antofagasta, Chile, exigiendo la electrificación completa de la región. Los manifestantes ocuparon y quemaron las oficinas locales de la empresa unos días después, con los principales sindicatos y el MAS apoyando a la empresa.

Un año después, un minero murió cuando accidentó la ambulancia en la que viajaba, desatando una huelga de dos semanas en la que los trabajadores exigieron tener transporte aéreo a hospitales en La Paz para ellos, sus familias y la comunidad. La empresa se rehusó, llevando a mayores demandas de nacionalización entre trabajadores y sus simpatizantes locales, pero el sindicato de la COB vendió la lucha.

Ahora, la transformación de industrias enteras hacia la energía solar, vehículos eléctricos, electrónicos portátiles y otras nuevas tecnologías está aumentando rápido la demanda de plata, zinc y, particularmente, el litio, que ha sido apodado el “oro blanco” y cuyos mayores yacimientos globales están en el sur de Bolivia y a lo largo de sus fronteras con Chile y Argentina.

En un viaje reciente a Beijing, Morales afirmó cínicamente que había “recuperado la patria, los recursos naturales” mientras negociaba una concesión de $2,3 mil millones a las firmas chinas Xinjian Tbea Group y Boachent para explotar las grandes salinas de Coipasa y Pastos Grandes para la producción de litio. El mes anterior, Morales firmó otro acuerdo grande con la empresa alemana, ACI Systems, para explotar la salina de Uyuni en alianza con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El ministro de economía del estado alemán de Thuringia, Wolfgang Tiefensee, aplaudió el acuerdo: “Esta alianza asegura provisiones de litio para nosotros y rompe el monopolio chino”.

El imperialismo estadounidense sin duda percibe estos acontecimientos con una preocupación grave. El centro de pensamiento de Washington, Stratfor escribió un análisis el año pasado llamando a EUA a desafiar a China en su “control de la mayoría del mercado de baterías de litio, dándole al país una ventaja significativa en un sector de creciente importancia geopolítica”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de agosto de 2019)