El conflicto continúa por la mina de cobre peruana mientras se levanta el bloqueo campesino

por Cesar Uco y Armando Cruz
22 abril 2019

Después de cinco horas de deliberaciones, el jueves 10 de abril, representantes de 27 comunidades campesinas, cuyas tierras se utilizan para transportar concentrado de cobre desde la mina Las Bambas llegaron a un acuerdo con el gobierno para poner fin a un bloqueo vial de 66 días que interrumpió la exportación del mineral a China.

El gobierno representado por el primer ministro Salvador del Solar más otros cuatro ministros y un representante de la transnacional china MMG Ltd., propietaria de Las Bambas, aceptaron todos los términos presentados por el presidente de Fuerabamba, la comunidad campesina que mantuvo un bloqueo vial.

El acuerdo permitirá la reanudación del paso diario de 250 camiones de carga pesada que transportan el concentrado de cobre al puerto marítimo de Matarani en el departamento de Arequipa, un viaje de 500 kilómetros. Sin embargo, se hizo hincapié en que la medida era temporal, en espera del éxito de las negociaciones.

A cambio, el gobierno acordó retirar a su policía del área y levantar un "estado de emergencia" declarado en octubre pasado luego de violentos enfrentamientos entre los miembros de la comunidad campesina, conocidos como "comuneros", y la policía.

La decisión del gobierno a ceder a las demandas de los comuneros expresa cuán desesperado está por garantizar la exportación ininterrumpida de lo que equivale a 400,000 toneladas de concentrado de cobre a China. Se consideró que la continuación del conflicto de Las Bambas haría ver al Perú inestable e inseguro para que el capital extranjero invirtiera en la minería. Perú es el segundo mayor exportador del metal a nivel mundial.

Sin embargo, el presidente de los comuneros de Fuerabamba, Gregorio Rojas, advirtió que el problema subyacente no se resolvió por completo.

Fuerabamba solicita que se le pague por el uso del camino que cruza sus tierras "comunales" y las de otras 38 comunidades campesinas, con quienes comparten el camino desde Las Bambas hasta la Hacienda Yavi Yavi. El conflicto ocurrió cuando el año pasado el gobierno central reclasificara unilateralmente el camino de las comunidades locales de propiedad "comunal" a "nacional", para que los propietarios de la mina Las Bambas no tuvieran que pagar por su uso.

En 2014, MMG Ltd, la unidad con sede en Melbourne de la empresa estatal china Minmetals Corp, compró Las Bambas de la compañía minera suiza Glencore por US $7 mil millones, con una inversión total estimada de US $ 10 mil millones. Se espera que Las Bambas, una mina a cielo abierto, se convierta en la sexta mina de cobre más grande del mundo, con una producción de 400,000 toneladas por año, responsable del 2 por ciento del mercado mundial.

En ese momento, un importante acuerdo alcanzado por los comuneros y Glencore era construir un "gasoducto" subterráneo a través del cual se transportaría el cobre en lugar de usar el camino de tierra que terminaría arruinando las tierras de propiedad comunal. Cuando Las Bambas fue comprada por MMG Limited, esta propuesta fue rechazada y se tomó la decisión de usar la carretera que conduce a Yavi Yavi, cruzando el terreno de 39 comunidades, con el nuevo propietario prometiendo pavimentar la carretera.

Ante el incumplimiento de lo acordado por MMG, los miembros de la comunidad, reunidos en una asamblea, decidieron el 4 de febrero bloquear el camino que exige su asfaltado y que se pague por su uso, ya que no fueron consultados como lo exige el Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para los comuneros, el camino sigue siendo "comunal" y su propiedad.

En los primeros 50 días, hasta mediados de marzo, el bloqueo vial no tuvo ningún impacto en la producción en la mina y en su planta concentradora, y el mineral se mantuvo almacenado en el propio terreno de la mina.

La empresa china MMG reaccionó amenazando con ejecutar "fuerza mayor" y despedir a 8,000 empleados, incluidos 2,500 trabajadores que operan la mina y la planta de concentrado. El conflicto se radicalizó así, y un choque el 4 de abril dejó a siete civiles y cinco policías heridos. La noticia de una posible parálisis de las operaciones de Las Bambas se globalizó. Bloomberg advirtió sobre el impacto que podría tener en el precio del cobre en todo el mundo, que, debido a su escasez, ya ha aumentado un 7 por ciento este año.

Justo cuando MMG estaba a punto de quedarse sin capacidad de almacenamiento después de más de 50 días del bloqueo, a fines de marzo, el gobierno central ordenó el arresto del presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, sus dos asesores legales, los hermanos Chávez Sotelo, y un líder más, acusándolos de intentar extorsionar a MMG a cambio de levantar el bloqueo de la carretera.

Indignados por el arresto de sus líderes, Fuerabamba ganó de inmediato el apoyo de las otras 38 comunidades ubicadas en los departamentos de Apurímac y Cusco, que decidieron ir a huelga indefinida, y también el apoyo de los gobernadores de los departamentos de Apurímac y Cusco. En solidaridad, los comuneros de Arequipa ocuparon la carretera transoceánica durante tres horas. Enojados por no ser tomados en serio, cuando un helicóptero que transportaba a tres ministros se retiraba de Fuerabamba luego de fracasadas negociaciones, varios comuneros lo apedrearon. Ante la amenaza de la expansión del conflicto, abarcando todas las regiones de los Andes del Sur en las que operan varias transnacionales multimillonarias, el gobierno central finalmente decidió prestar atención a Las Bambas.

Las comunidades indígenas de origen quechua y aymara fueron brutalmente explotadas, humilladas e ignoradas, primero por la Lima colonial y luego por los descendientes de españoles nacidos en América del Sur que conservaban la propiedad de las grandes haciendas.

Estos terratenientes tenían control total sobre sus tierras, incluidos los sacerdotes locales, los alcaldes y la policía. El Estado burgués centralizado en Lima prácticamente no tenía jurisdicción sobre las haciendas, especialmente sobre las ubicadas en los remotos Andes donde viven las comunidades quechua y aymara. Hasta este día, los comuneros continúan practicando sus costumbres ancestrales de la vida, con muchas comunidades que no hablan español.

Las empresas mineras transnacionales contribuyen con el 40 por ciento de los ingresos de exportación de Perú, y estas empresas operan en los departamentos con mayor pobreza. El más pobre es Cajamarca con sus grandes minas de oro, seguidas por seis departamentos, incluido Apurímac, con un índice de pobreza entre 33 y 36 por ciento. En regiones remotas, la pobreza es aún mayor. Este es el caso de Fuerabamba, donde alcanza el 84 por ciento.

Debido a que la mina estaba ubicada justo debajo de la antigua ciudad de Fuerabama, MMG ofreció construir una ciudad "moderna" a 25 kilómetros de distancia, conocida como Nueva Fuerabamba.

El diario de negocios Gestión informó sobre el deterioro en el nivel de vida de los miembros de la comunidad de Nueva Fuerabamba: “Tres años después de mudarse, muchos de los pobladores aún luchan por adaptarse al entorno suburbano... [aunque algunos recibieron hasta 400.000 soles o US$ 125.000 para reubicarse, cifra no confirmada por la mina]... extrañan la vida de cultivar papas y criar ganado”.

“Muchos han malgastado lo que cobraron. Y la ociosidad y el aislamiento han embotado los espíritus de [la] comunidad...” Continúa Gestión, “Sus nuevas casas de dos y tres pisos de paneles de yeso les parecen débiles y frías en comparación con sus antiguas chozas de adobe con techo de paja que se calentaban con estufas de leña...”.

El diario añade que “La mayoría de los empleos [ofrecidos]... son para mantenimiento del pueblo porque muchos carecen de las habilidades para trabajar en una mina moderna”. Por ello, los residentes... “demandan... más trabajos y títulos de propiedad de sus casas” aún no entregados.

“Ahora tienen que pagar por necesidades básicas como el agua, la comida y el combustible que antes sacaban de la tierra”... El alcoholismo va en aumento por el ocio y el dinero del acuerdo, agregó. Durante los 12 meses hasta julio, cuatro residentes se suicidaron tomando productos químicos agrícolas”.

Un estudio independiente señala que “antes de la reubicación... la antigua aldea de Fuerabamba sufría de altas tasas de violencia doméstica, alcoholismo, analfabetismo, pobreza y falta de acceso a servicios públicos básicos”.

Mientras que el gerente general de MMG, Troy Hey, y el Estado burgués califican la transferencia de los comuneros como "un cambio positivo", Camilo León, especialista en reasentamientos mineros, dijo que para “los agricultores de subsistencia suele ser muy difícil abandonar sus tradiciones y acostumbrarse al entorno ‘muy urbano, muy organizado’ de las ciudades planificadas... Es un shock para las comunidades rurales".

En Perú son seis las transnacionales que han reubicado a pueblos indígenas. “Y este mes”, dijo León, se “licitará un proyecto cuprífero de US$ 2.000 millones, Michiquillay, que también implicaría reubicar a otra comunidad”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de abril de 2019)