La policía acosa y espía a partido secesionista catalán

por Alejandro López
28 septiembre 2018

El partido secesionista catalán Candidatura de Unidad Popular (CUP) ha denunciado públicamente una campaña coordinada y abierta de espionaje policial dirigida en su contra.

En una rueda de prensa el jueves pasado ante la sede de la CUP, la Secretaria Nacional Núria Gibert y la exdiputada Mireia Boya explicaron que la policía los viene espiando desde hace más de un año, desde antes del referéndum por la independencia de Cataluña del pasado octubre, y sigue haciéndolo.

Boya dijo que “la represión viene de bastante antes del pasado septiembre [cuando empezó la represión al secesionismo catalán]”. Continuó: “Hasta hoy, estamos sufriendo la monitorización policial de nuestra sede. Hay policías de civil vigilándonos, mirando y monitorizando cada uno de nuestros movimientos”.

A lo largo de la rueda de prensa, varios miembros de la CUP mostraron fotos de los supuestos espías a los medios. Según Boya, “los agentes de civil toman notas y sacan fotos de los que entran y salen del local”.

Sería inusual que la policía llevara a cabo una vigilancia física sin también interceptar sistemáticamente llamadas telefónicas y comunicaciones digitales.

Boya dijo que el espionaje del que es blanco la CUP ha sido denunciado ante el Departamento de Interior del gobierno regional catalán, para que los investigue la policía regional, los Mossos d’Esquadra. No obstante, todavía no han recibido respuesta.

La CUP advirtió que tiene la intención de averiguar quién ordenó el espionaje y por qué, “dado que esta es una violación seria de los derechos democráticos y las libertades”. Según Boya, hay “1.200 personas perseguidas por el sistema judicial español, con escuchas a escondidas, espionaje y monitorización”.

Gibert recordó el asedio al local de la CUP, cuando la policía intentó entrar en el edificio sin orden judicial durante la represión del 20 de septiembre, a lo largo de la cual se arrestó a funcionarios públicos de alto rango por preparar el referéndum de independencia del primero de octubre. Cuando la CUP se negó, y multitudes empezaron una sentada para protestar ante la sede de la CUP para impedir que entre la policía, la policía se quedó fuera del local de manera provocativa durante ocho horas y con equipamiento antidisturbios (ver el vídeo).

Esta acción era parte de la estrategia de Madrid de provocar violencia. Un enfrentamiento violento le habría permitido al poder judicial tomar el referéndum catalán como un acto de “rebelión”, el cual, según la ley, tiene que implicar una demostración pública de violencia. La intervención de cientos de manifestantes para defender pacíficamente las sedes desbarató este intento. Sin embargo, no impidió que Madrid acusara a los dirigentes nacionalistas catalanes de rebelión tras el referéndum, aunque estos habían instado constantemente a los manifestantes a ser pacíficos.

Gibert dijo que la queja que presentó el año pasado había sido rechazada por el juez, pero que recurrieron la sentencia.

Boya anunció que la CUP emprenderá “nuevas medidas legales” contra “el Estado español por la grave violación de derechos fundamentales”.

El Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) se opone a, y denuncia, el espionaje policial y la represión de la CUP y de los nacionalistas catalanes. El CICI tiene diferencias políticas infranqueables y bien documentadas con la CUP. Su programa secesionista burgués y su promoción del nacionalismo dividen a los trabajadores de la Península Ibérica, y su apoyo al gobierno catalán de la austeridad subraya su hostilidad hacia la clase trabajadora. Sin embargo, el espionaje policial y las amenazas contra la CUP violan principios democráticos y derechos democráticos básicos, y sientan un precedente que se volverá de la manera más salvaje contra la clase trabajadora.

Las afirmaciones de que la CUP es un grupo terrorista y que instiga intentonas violentas de derrocar al Estado son un fraude político. A lo largo del último año, las actividades de la CUP contra la represión por parte de Madrid del movimiento nacionalista catalán han venido consistiendo en manifestaciones pacíficas, huelgas, cortes de ruta con sentadas y poner lazos amarillos por las principales ciudades y pueblos.

La violencia de Madrid está bien documentada, sin embargo. Bajo el anterior gobierno del derechista Partido Popular, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Estado envió 16.000 policías para asaltar locales de votación, atacar a votantes pacíficos y confiscar urnas y papeletas para intentar parar el referéndum del primero de octubre. Esto dejó a más de 1.000 personas heridas, incluyendo a niños y ancianos.

En las semanas anteriores al referéndum, más de 100 sitios web fueron cerrados, se confiscaron papeletas, millones de carteles y volantes fueron confiscados, se allanaron periódicos y se prohibieron reuniones.

Los medios madrileños apoyaron en gran medida esas medidas represivas y antidemocráticas. El chovinismo oficial alcanzó niveles que no se veían desde la dictadura fascista del generalísimo Francisco Franco.

Los medios saludaban a los manifestantes derechistas reunidos ante comisarías de policía pidiendo a la policía española que “vayan a por ellos” (los catalanes). La prensa los presentaba como ciudadanos preocupados que defendían la unidad de España.

El diario derechista español ABC llegó incluso a exigir la ilegalización de la CUP y de su organización juvenil, Arran. En un editorial, declaró: “La ley de partidos políticos permite la ilegalización de un partido una vez se haya demostrado que se implica en conductas antidemocráticas e inconstitucionales, sin necesidad de acusarlo de un delito específico”.

Poco después del referéndum, Madrid disolvió el gobierno regional catalán, impuso un gobierno regional no elegido, y procedió a arrestar a los principales líderes independentistas. Aparte de algunos como el expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica, el resto siguen en prisión.

Anna Gabriel, dirigente de la CUP y exparlamentaria catalana, huyó a Suiza, con la convicción de que en España no tendría un juicio justo.

Su sospecha fue confirmada la semana pasada cuando eldiario.org publicó mensajes filtrados de varias cuentas de emails profesionales de varios jueces españoles. Un email del 6 de octubre decía: “Como español, catalán y juez, lo que pasó el 6 de septiembre y el primero de octubre fue un golpe de Estado... No se puede negociar con los que dan un golpe, ni dialogar con ellos”.

Otro juez dijo que “un golpe tiene ganadores y perdedores”, y declaró que “el derramamiento de sangre que [los dirigentes independentistas] tenían como objetivo no puede quedar impune”. Muchos mensajes calumniaban a los nacionalistas catalanes como nazis. “Es lo mismo que pasó en Alemania hace mucho tiempo”, decía un comentario.

Otro juez saludaba al rey Felipe VI y sus agencias policiales, escribiendo, “Viva la policía española, viva la Guardia Civil, viva España y vivan los colegas que verdaderamente velan por nuestro sistema legal”.

La represión ha continuado bajo el gobierno del PSOE, respaldado por el partido pseudoizquierdista Podemos. Al tiempo que exigía “diálogo” con los independentistas catalanes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha amenazado con volver a aplicar el artículo 155 y disolver el gobierno regional catalán. Ha ordenado al nuevo fiscal general que siga procesando a los nacionalistas catalanes bajo cargos fraudulentos de rebelión.

En Cataluña hay una oposición masiva a la represión actual. Casi un millón de manifestantes se unieron en una marcha masiva en las calles de Barcelona el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña, exigiendo la liberación de los encarcelados y el regreso de los exiliados.

La operación contra la CUP es un intento transparente por establecer una campaña de terror estatal contra toda oposición a Madrid en condiciones de una creciente radicalización de la clase trabajadora contra la desigualdad social, el militarismo y la represión policial.

(Publicado originalmente en inglés el 27 de septiembre de 2018)