Administración de Trump planea restringir ciudadanía para 20 millones de inmigrantes legales

por Meenakshi Jagadeesan
9 agosto 2018

La guerra de la Administración de Trump contra los inmigrantes y la clase trabajadora en general no da tregua alguna, de acuerdo con un informe de NBC que revela planes para introducir cambios a las normas migratorias que les negarían la ciudadanía a inmigrantes legales que puedan haber accedido a cualquier tipo de asistencia social antes de presentar su solicitud.

El plan para limitar el acceso a la ciudadanía para inmigrantes legales es parte de la agenda antiinmigrante más amplia del asesor fascista de la Casa Blanca, Stephen Miller. En su versión actual, la norma afectaría a más de 20 millones de inmigrantes legales que alguna vez han utilizado, ya sea para ellos o para algún miembro del hogar, asistencia pública esencial, como subsidios para el seguro médico o cupones de alimentos. La norma extiende enormemente el poder del Departamento de Seguridad Nacional para negar solicitudes de residencia permanente y ciudadanía.

La norma no necesita aprobación del Congreso debido a la cláusula de "carga pública" en la ley de inmigración estadounidense que fue consagrada por la Administración de Clinton en 1999 para atacar a los inmigrantes que dependían de programas sociales de ayuda en efectivo como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Ahora, el Gobierno de Trump está ampliando el término de "carga pública" para incluir a los inmigrantes que utilicen beneficios no monetarios como el seguro de salud Medicaid, el Programa de Seguros de Salud Infantil, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria y muchos otros.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a NBC: "La Administración se compromete a hacer cumplir la ley actual de inmigración, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense al garantizar que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en los EUA sean autosuficientes. Cualquier cambio propuesto garantizaría que el Gobierno tome en serio la responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos de los contribuyentes y adjudique las solicitudes de beneficios de inmigración de acuerdo con la ley".

Este paso pone de manifiesto el carácter antiobrero de la ofensiva contra los inmigrantes. En agosto del año pasado, Trump promovió un proyecto de ley que intentaba recortar drásticamente la inmigración legal a los Estados Unidos. Propuesto por los senadores Tom Cotton (R-AK) y David Perdue (R-GA), el proyecto de ley proponía instituir un "sistema basado en mérito para determinar quién es admitido al país y recibe permisos de residencia legal". Este sistema, si entrare en vigor, recortaría la inmigración legal un 41 por ciento en el primer año y eventualmente hasta un 50 por ciento.

Al expresar su apoyo a la legislación, Trump proclamó, "Esta legislación no solo restablecerá nuestra ventaja competitiva en el siglo XXI, sino que restaurará los lazos sagrados de confianza entre Estados Unidos y sus ciudadanos... Esta legislación demuestra nuestra compasión por las familias estadounidenses que luchan, quienes merecen un sistema de inmigración que priorice sus necesidades y ponga a Estados Unidos primero".

El sistema "basado en mérito" es un intento de implementar una cuota de clases en la inmigración. Está destinado a favorecer a los inmigrantes altamente calificados y educados y lingüísticamente diversos, pero negarles el acceso a los inmigrantes pobres y de clase trabajadora y aquellos que buscan reunirse con miembros de sus familias que viven en los Estados Unidos. Bajo las normas anteriores, esta última categoría constituye más de la mitad de los inmigrantes legales admitidos en el país cada año.

El ataque contra los inmigrantes que hayan dependido o dependan de los programas sociales representa una escalada de esta agenda. No es difícil imaginar que los sectores más vulnerables de la sociedad de vez en cuando hayan tenido que depender de algún tipo de programa de bienestar por razones de salud o para sobrevivir. La afirmación de que los inmigrantes legales que hayan tenido que recurrir a estos programas son una "sangría" para la sociedad y no son "autosuficientes" es falso y pregona un ataque intensificado a los programas sociales de los que dependen los trabajadores independientemente de su estatus migratorio. Según las nuevas normas, incluso los hogares de inmigrantes que ganan el equivalente a 250 por ciento del nivel de pobreza podrían ser rechazados.

Además, la cláusula que hace que un inmigrante sea potencialmente inelegible para la ciudadanía si alguien en su hogar accediera a beneficios públicos significa que los hijos de inmigrantes legales que sean ciudadanos estadounidenses tendrían efectivamente prohibido el acceso a los programas sociales.

NBC señaló el caso de Louis Charles, un residente haitiano que busca la ciudadanía. Charles, quien llegó a los EUA en 1989, trabaja como asistente de enfermería. Inicialmente había ingresado al país con un pasaporte falso otorgado por contrabandistas e inmediatamente se entregó a la Patrulla Fronteriza. Recibió un indulto de la agencia USCIS, absolviéndolo de los cargos, y pasó a obtener un permiso de residencia en 2011.

Charles trabaja casi 80 horas a la semana como asistente de enfermería. Sin embargo, Charles ha tenido que depender de los servicios para personas con discapacidad a lo largo de los años para poder cuidar a su hija, una ciudadana estadounidense ahora de unos 20 años que es incapaz de vivir sola. Bajo las nuevas normas, a Charles se le negará la ciudadanía. Charles, quien ya ha enfrentado obstáculos inesperados en su solicitud de ciudadanía con USCIS, informándole que están volviendo a revisar los cargo en su contra por usar un pasaporte falso, ahora se enfrenta a la posibilidad de tener que dejar a su hija severamente discapacitada a valerse por sí misma.

Los trabajadores de todas las nacionalidades deben reconocer que el ataque contra los obreros inmigrantes es un ataque contra la clase trabajadora entera. Solo con base en esta perspectiva será posible librar una defensa tanto de los inmigrantes como de los servicios sociales de los que dependen millones de personas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de agosto de 2018)