La Justicia española acusa a expresidente catalán Puigdemont de “movilizar a la masa”

por Peter Schwarz
31 marzo 2018

El Gobierno alemán debe declarar "inmediatamente" que no tiene intención de extraditar a Carles Puigdemont a España. Esta es la demanda que hace Wolfgang Schomburg, el abogado alemán del expresidente de la Generalitat catalana, según el diario Süddeutsche Zeitung.

Puigdemont está actualmente detenido en una prisión en la localidad alemana de Neumünster después de que la policía lo arrestara el domingo con base en información de la inteligencia española. Un juez de distrito dictaminó el lunes que Puigdemont permanecerá detenido hasta que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Schleswig decida si permite su traslado a España. Esto podría tardar hasta 60 días.

Si el tribunal da el visto bueno legal, la decisión política sobre la extradición de Puigdemont estará en manos del Gobierno alemán. Puigdemont solo puede ser entregado a la Judicatura española si la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en inglés), le concede su aprobación. Si ella declarara su oposición ahora, no habría ninguna base para que continúe la detención de Puigdemont.

Por otro lado, si el tribunal dictamina que la extradición es ilegal, el Gobierno no puede anular la decisión.

Schomburg justificó su demanda diciendo que la orden de arresto europea emitida por España no tiene validez legal. Era imprecisa, insostenible y aventurera, argumentó.

Schomburg, de 70 años, es considerado un experto en derecho penal internacional. Se desempeñó como juez federal en Karlsruhe y como juez en la Corte Penal Internacional en La Haya para la ex-Yugoslavia y en el Tribunal Internacional en Tanzania por Ruanda.

Si el Gobierno alemán extradita a Puigdemont a España con base en la acusación de 69 páginas en su contra, sentará un precedente para la supresión de todo tipo de protesta y oposición a los poderes fácticos. Europa sería convertida efectivamente en un Estado policial.

La acusación principal dirigida contra Puigdemont y otros 24 políticos es rebelión. Según la ley española, tal cargo debe implicar un levantamiento violento contra el poder del Estado. Pero no hay evidencia de esto por parte de los dirigentes independentistas alrededor de Puigdemont. Llegaron al poder a través de elecciones democráticas, siempre se opusieron al uso de la violencia y se respaldaron en decisiones parlamentarias y protestas masivas.

Dado que el juez español que preside el caso, Pablo Llarena, no ha encontrado evidencia de que Puigdemont y sus colegas convocaran actos de violencia, a pesar de una investigación de meses, los ha acusado de desplegar "el poderío de la masa" para lograr sus objetivos. Según un informe del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), que aparentemente tuvo acceso a la acusación formal, Llarena "habló de 'un plan criminal' con el objetivo de la independencia catalana". Esto incluyó "crear las bases para su propio Estado y movilizar la masa".

El 1 de octubre del 2017, el día del referéndum sobre la independencia de Cataluña, el "fanatismo violento" de los separatistas se hizo evidente, según el FAZ. Como evidencia, la acusación cita páginas de testimonios de oficiales de policía lesionados mientras trataban de evitar violentamente que la votación se llevara a cabo. Por el contrario, los aproximadamente 1.000 civiles heridos por la policía se mencionan solo de pasada.

Los otros cargos también llevan el sello de un Estado policial. Puigdemont está acusado de corrupción porque como presidente ordenó la celebración de un referéndum, que, por supuesto, costó dinero. Sin embargo, no está siendo acusado de enriquecimiento personal.

Aunque es obvio que Puigdemont está siendo perseguido por razones políticas y no debido a ofensas criminales, todos los indicios hasta ahora sugieren que el Gobierno alemán aceptará su extradición. El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Seibert, dijo que el arresto de Puigdemont estaba justificado porque se llevó a cabo sobre la base de la ley alemana y las regulaciones relacionadas con la orden de arresto europea. España es un Estado democrático y constitucional, afirmó.

También es significativo que Puigdemont sea el único de los seis políticos mencionados en las órdenes de arresto internacionales emitidas por Llarena que se encuentra actualmente bajo custodia. Tres ministros que actualmente viven en Bruselas y la exconseller de Educación, Carla Ponsatí, quien se encuentra en Escocia, siguen libres.

Si el tema en cuestión era simplemente la independencia catalana, el Gobierno alemán probablemente buscaría mediar y alcanzar un compromiso. Puigdemont no es ningún revolucionario ni un político de izquierdas. Su partido es miembro del grupo liberal en el Parlamento Europeo y su único visitante prominente a la prisión de Neumünster hasta ahora ha sido el diputado de derechas, Bernd Lucke, cofundador de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

El Gobierno alemán se niega a ceder y se mantiene firme en su apoyo al Gobierno español porque también, como el juez Llarena, le teme al "poderío de la masa". En condiciones en las que las tensiones sociales en Europa están aumentando, cientos de miles de jubilados están tomando las calles en España, el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores ferroviarios en Francia está en escalada, Italia está cayendo en la inestabilidad y los trabajadores del sector público en Alemania están en huelga, Berlín está respaldando las acciones autoritarias del Gobierno del primer ministro español, Mariano Rajoy.

Muchos manifestantes en Cataluña recuerdan justificadamente la alianza entre Hitler y Franco en la brutal represión de la revolución española y la detención de la Gestapo del presidente catalán, Lluis Companys, quien posteriormente fue extraditado a Madrid para ser torturado y ejecutado.

Mientras que el 51 por ciento de los alemanes se opone a extraditar a Puigdemont y solo el 35 por ciento apoya hacerlo, según una encuesta, apenas hay oposición al Gobierno en los círculos políticos, incluso en el bando de la oposición.

Entre los partidarios más estridentes de la Judicatura española está el político del Partido Verde, Jürgen Trittin, quien fue ministro de Medio Ambiente durante siete años y es considerado un representante del "ala izquierda" del partido. Dijo al Mitteldeutsche Zeitung que hay un "procedimiento según el Estado de derecho", con el que cuenta España con "un poder judicial independiente y valiente", y que, si "se presenta una orden de arresto europea", no se puede "simplemente tapar los ojos".

En la medida en que haya alguna crítica a la postura del Gobierno alemán, no está dirigida contra las acciones antidemocráticas de Madrid. Más bien, es impulsada por el temor de que el conflicto pueda escalar fuera de control.

Esta es la opinión del New York Times, portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos. Había respaldado la postura adoptada por Madrid. "El Gobierno español tiene pleno derecho a defender su unidad y su Constitución", escribió, y agregó: "Y los Estados europeos están en lo cierto al no dar apoyo a los secesionistas catalanes".

El Times luego aconseja a Berlín que "haría bien en decirle a Madrid que tratar el mal concebido impulso independentista catalán como traición le da al movimiento una autoridad moral que no se merece". Continuó: "Un gesto conciliador hacia Cataluña haría mucho más para calmar una confrontación que ha ido demasiado lejos".

El Gobierno alemán aún no ha dado ninguna indicación de que tomará tal consejo en serio. Berlín se está alineando detrás del Gobierno español porque está tratando de establecer un Estado policial que abarque todo al nivel alemán y europeo. Junto con la militarización de Europa, este es uno de los objetivos centrales acordados por los partidos conservadores y el SPD en el acuerdo de coalición del Gobierno alemán recientemente instalado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2018)