Puerto Rico se declara en quiebra: El preludio para despiadadas medidas de austeridad y recortes a pensiones

por Rafael Azul y Jerry White
8 mayo 2017

El 3 de mayo, Puerto Rico se declaró formalmente en quiebra ante un tribunal especial creado el año pasado. La isla, un territorio de Estados Unidos, había presupuestado 800 millones de dólares para los pagos de la deuda de los próximos cinco años, muy por debajo de los 3.500 millones que exigían los acreedores. Como era de esperarse, los acreedores, que incluyen grandes fondos de inversión de Wall Street, rechazaron la oferta.

A raíz de esta declaración, Puerto Rico se convirtió en el primer territorio o estado de EE.UU. en entrar en un proceso como el de las quiebras municipales que se han vuelto cada vez más comunes en el país. Oficialmente, Puerto Rico les debe alrededor de 72.000 millones de dólares a varios fondos buitre y otros 50.000 millones en llamadas obligaciones pendientes del sistema de pensiones de los empleados públicos.

Desde que el recién elegido gobernador, Ricardo Rosselló, declaró que la isla estaba en una emergencia financiera el 2 de enero, ha sido un secreto a voces que el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), un egresado de la universidad MIT y exdelegado por Hillary Clinton de la Convención Nacional Demócrata, llevaría a la isla a la bancarrota.

Mientras que históricamente se le había prohibido declarar bancarrota a Puerto Rico, el Congreso estadounidense promulgó una ley el año pasado que le permite efectuar procedimientos similares. Según la ley PROMESA, firmada por Obama, un juez de la Corte Suprema de EE.UU. designará un tribunal para supervisar el proceso de quiebra. Aunque esto obliga a los acreedores a aceptar reducciones en el pago principal y las tasas de interés acumuladas, no cabe duda que los intereses de Wall Street vayan a ser priorizados ante los de la clase trabajadora de Puerto Rico, como sucedió en Detroit entre el 2013 y 2014.

Durante la bancarrota de Detroit, el juez federal estadounidense, Steven Rhodes, utilizó la legislación sobre quiebras para anular protecciones constitucionales del estado, recortar las pensiones y prestaciones de salud de los empleados de la ciudad y realizar una venta de bienes públicos. Rhodes fue contratado como asesor en el 2015 por el entonces gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, junto con el ex vicegobernador de Nueva York, Richard Ravitch, quien había copresidido el “Grupo Operativo de Crisis Presupuestarias Estatales” bajo Obama, que recomendó recortes drásticos en pensiones a nivel nacional y una reestructuración financiera.

En ese momento, Rhodes declaró que Puerto Rico “era exactamente igual que Detroit”. De hecho, la deuda de la isla de más de 120.000 millones de dólares es casi siete veces el tamaño de la de Detroit y su liquidación requerirá ataques aun más agresivos.

Los intereses acumulados representan al menos dos terceras partes de la deuda. Se espera que los gestores de los fondos de cobertura y sus poderosos bufetes de abogados se opongan ferozmente a cualquier medida que reduzca las ganancias que tenían anticipadas.

El tribunal nuevo, el cual no va a ser elegido popularmente, estará a cargo de la “reestructuración” de la economía puertorriqueña en interés de los acreedores, es decir, el saqueo y destrucción de la educación pública, las pensiones y los programas sociales; la privatización de bienes públicos y ataques mayores contra los niveles de vida de los trabajadores.

Como lo señaló el diario New York Times el miércoles pasado, “Mientras que el proceso judicial podría eventualmente hacer que la isla sea solvente por primera vez en décadas, las repercusiones más inmediatas probablemente serán sombrías: los empleados gubernamentales tendrán que renunciar a dinero de sus pensiones, harán falta proyectos en salud e infraestructura públicas y se podría intensificar la “fuga de cerebros” de la isla conforme se van más profesionales hacia el continente”.

Lo más probable es que el resultado sea incluso peor al del plan fiscal esbozado por el gobernador Rosselló, donde pide que todos los trabajadores públicos se pasen del actual sistema de pensiones a planes de jubilación como el 401(k) en EE.UU. Los jubilados actuales continuarán recibiendo sus pensiones mensuales tradicionales, pero reducidas en un 10 por ciento en promedio. El gobernador dice que esta es la única alternativa para no despedir a 45.000 empleados públicos.

La declaración de quiebra es la culminación de un proceso de recesión y austeridad que ha afectado la calidad de vida de la clase obrera y clases medias en Puerto Rico, causando un éxodo de emigrantes a EE.UU. continental (una opción no disponible para los miles de indocumentados haitianos, dominicanos, jamaiquinos y de otras nacionalidades que residen en Puerto Rico). Antes de junio del 2015, el colapso de los niveles de vida había sido parcialmente decelerado a través de la emisión de bonos de deuda.

La declaración de quiebra se produjo dos días después de una huelga general y demostraciones de masas durante el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, con miles de trabajadores protestando los planes para destruir sus pensiones y prestaciones. Los manifestantes marcharon hacia el distrito financiero de San Juan, muchos vistiendo camisetas negras y cantando “¡Ricky está vendiendo nuestra isla!”, en referencia al odiado gobernador. Un gran número de trabajadores considera que la deuda es ilegítima y se niegan a tener que pagarla.

Sin embargo, los sindicatos están decididos a bloquear cualquier lucha seria contra la clase política y los bancos de Wall Street. Después de una reunión con el gobernador la semana pasada, Lee Saunders, el presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME, por sus siglas en inglés), llamó a Rosselló a incluir a los sindicatos en el proceso de reestructuración. AFSCME cuenta con 13.000 miembros en Puerto Rico dentro del sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU).

En una entrevista con elnuevodia.com, Saunders señaló, “Creemos que nos deberían incluir en la mesa, especialmente en las discusiones que tengan que ver con los recortes en los beneficios de salud y las pensiones. Podríamos tener ideas que deberían ser escuchadas.

“No somos ajenos a estos problemas. Aunque en el caso de Puerto Rico es un problema más grande, estuvimos involucrados en la quiebra de Detroit y fuimos socios responsables, pero con un asiento en la mesa de negociaciones. Algunas de nuestras ideas fueron aceptadas y el sindicato demostró ser un socio responsable”.

De hecho, la AFSCME y los otros sindicatos desempeñaron un papel clave en bloquear la movilización de la clase obrera contra el saqueo de las pensiones, prestaciones en salud y bienes públicos, además de prevenir los “disturbios civiles” que los oficiales de la quiebra anticipaban.

El anuncio del miércoles intensificará las tensiones sociales y la lucha de clases en la isla a medida que la población se enfrente a las mismas medidas abusivas impuestas contra los trabajadores de Detroit, Grecia, entre otros lugares.

Desde el anuncio en junio del 2015 que la deuda puertorriqueña era impagable, la mayoría de las medidas de austeridad, incluyendo aquellas bajo los términos de la ley PROMESA, como el cierre de cientos de escuelas y la dimisión de miles de maestros, ha impactado gravemente a la clase obrera y a los pobres. En Puerto Rico, dos quintas partes de la población viven en pobreza extrema, bajo los estándares de Estados Unidos y el Caribe.

Entre los que se oponen a cualquier rescate federal se encuentra el presidente Donald Trump, quien declaró su oposición vía Twitter, diciendo que no debe haber “ningún rescate” para la isla. Independientemente de ello, la quiebra del territorio estadounidense establecerá un nuevo precedente para los ataques futuros contra la clase obrera en todo EE.UU.

El Times indica: “Mientras que muchas de las circunstancias de Puerto Rico son únicas, su caso es también una advertencia para muchos estados y municipios —como Illinois y Filadelfia— que se enfrentan a algunas de las mismas dificultades, incluyendo un aumento en los costos de las pensiones, un desmoronamiento de la infraestructura, una salida de contribuyentes fiscales y rebajas de sus calificaciones crediticias que hacen aun más difícil recaudar dinero”.