Tres mueren en protestas de millones en Venezuela

por Eric London
24 abril 2017

Millones de partidarios y detractores del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro han salido a las calles en toda Venezuela, elevando las tensiones a su punto más alto desde el 2015. El miércoles pasado, los enfrentamientos entre los dos grupos dejaros tres muertos, incluyendo un soldado y dos opositores.

La manifestación del miércoles organizada por la oposición, que llamaron la “madre de todas las marchas”, fue una demostración de fuerza de la derecha dirigida hacia los militares venezolanos, distintas facciones gobernantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y el imperialismo estadounidense en busca de una mejor posición para negociar con el gobierno chavista. El PSUV, el cual también realizó una concentración de tamaño considerable el miércoles, ha estado en el poder desde la elección del expresidente Hugo Chávez en 1998. En el 2013, después de la muerte de Chávez, Maduro se convirtió en presidente.

Buscando provocar una represión violenta por parte del gobierno, los líderes de la oposición dirigieron a la multitud del miércoles en una carretera elevada sobre un río que los llevaba a los edificios gubernamentales en el centro de la ciudad. El líder de la oposición, Henrique Capriles, utilizó los subsecuentes enfrentamientos como pretexto para convocar más protestas el jueves.

Estas manifestaciones tuvieron lugar con una Caracas bajo ley marcial. El martes, Maduro activó el Plan Zamora, una operación militar que pone bajo control militar las carreteras, los edificios públicos y las más importantes antenas de televisión de la capital. El mayor general José Ornelas, comandante de la región capital, explicó: “Hay que defender Caracas”. Además, los departamentos de policía en todo el país han sido colocados bajo la autoridad de la Guardia Nacional.

El amplio despliegue militar refleja el nerviosismo de los círculos en el poder que perciben nuevas y más profundas brechas dentro del gobierno. Hace tres semanas, el Tribunal Supremo venezolano despojó a los legisladores de la facultad de legislar, una decisión que fue revocada más adelante, después de que la fiscal general del gobierno de Maduro, Luisa Ortega Díaz, se opusiera. En un comunicado el miércoles, Ortega se negó a reiterar la afirmación de Maduro que los manifestantes son “terroristas” y, al contrario, les pidió a los líderes de la oposición y a los militares abstenerse de recurrir a la violencia.

El martes pasado, el gobierno anunció la detención de cuatro militares, tres primeros tenientes y un capitán, bajo los cargos de “conspiración y planificación de acciones terroristas”. Hablando el martes, Maduro dijo que los oficiales “están jugando con la cosa más sagrada que tiene la República, que es la unidad nacional, la unión cívico-militar y la paz”.

Los arrestos fueron un mensaje para silenciar cualquier oposición en las fuerzas armadas, que le han dado el PSUV una base de apoyo clave en las últimas dos décadas. Secciones de los mandos militares se han enriquecido vastamente desde que Chávez, un exoficial de carrera del ejército, asumió el poder en 1998. El lunes de la semana pasada, Maduro se presentó en un mitin de miles de soldados y oficiales, elogiándolos por esta muestra de “repudio a la traición a la patria y los traidores de la patria”. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López, por su parte, ratificó la “lealtad incondicional” de las fuerzas armadas al régimen de Maduro.

Consciente de las crecientes divisiones y con la esperanza de poder conseguir un mejor trato para las empresas petroleras norteamericanas, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, denunció el miércoles que el gobierno venezolano “no está permitiendo que la oposición pueda ser escuchada” y que está “violando su propia Constitución”.

La administración de Trump ha dado señales de una política más activa en Venezuela. En febrero, Trump impuso una nueva ronda de sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y se reunió personalmente con la esposa del líder preso de la oposición ultraderechista, Leopoldo López. Esto a pesar de los US$500.000 que el gobierno de Maduro invirtió a través de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana, para financiar las festividades de inauguración de Trump, según lo publicado el miércoles por la Comisión de Elecciones Federales de EE.UU.

El historial de Washington de intervenciones militares y apoyo a regímenes dictatoriales y escuadrones de la muerte en América Latina es suficiente para demostrar que las declaraciones de Tillerson sobre defender la “libertad de expresión” en Venezuela son pura hipocresía. Antes de ingresar a la Casa Blanca, Tillerson era el CEO de ExxonMobil, que ha lucrado del petróleo de Venezuela desde 1921. En el 2007, Chávez nacionalizó las plantas de extracción de ExxonMobil, y la empresa está buscando maneras de poder volver a explotar el petróleo venezolano.

Por la mayor parte, la clase obrera se abstuvo esta semana de participar en las manifestaciones, ni hubo algún repunte de huelgas o paros laborales.

La impopularidad del gobierno de Maduro en la clase obrera sólo la supera el odio popular hacia la oposición, cuya base está compuesta por la clase media alta y estudiantes, y que opera bajo la dirección de grupos cercanos a la CIA y al Departamento de Estado.

Estas organizaciones conectadas con el gobierno y las corporaciones estadounidenses le dan decenas de millones de dólares a la oposición venezolana, en parte para programas de “alcance juvenil” con los que reclutan nuevos opositores de derecha. En el 2008, el Instituto Cato le otorgó su premio Milton Friedman por Avanzar la Libertad y un premio en efectivo de US$500.000 a un líder estudiantil de la oposición. Las denuncias de la oposición sobre la campaña de Maduro contra la libertad de expresión son un fraude. En marzo, el líder de la oposición, Julio Borges, llamó a los militares a establecer una dictadura.

Pero, el apoyo para el gobierno chavista se ha evaporado en medio de un colapso sin precedentes en los niveles de vida de la clase obrera en Venezuela.

Las políticas procapitalistas y nacionalistas de los gobiernos de Chávez y Maduro, ahondando la dependencia casi exclusiva en las exportaciones de petróleo, han dejado a la economía sumamente vulnerable ante la caída en el precio internacional del petróleo. El Gobierno respondió orquestando una enorme transferencia de recursos de la clase obrera a los bolsillos del capital financiero internacional, desmantelando programas sociales con tal de pagarles intereses a sus acreedores.

El resultado ha sido devastador. El 75 por ciento de la población —unos 22 millones de personas— perdieron un promedio de casi 9 kilos de peso corporal en el 2016 por falta de alimento. Un estudio reciente de universidades venezolanas muestra que el 93 por ciento del país no tiene ingresos suficientes para comprar alimentos básicos, mientras que un tercio de la población come menos de tres comidas al día, casi el triple que en el 2015.

La desnutrición y el hambre generalizadas llevaron a una serie de manifestaciones espontáneas en barrios obreros durante la primera mitad del 2016, cuando atacaron depósitos y almacenes estatales de alimentos y saquearon tiendas en las que los dueños comenzaban a acaparar alimentos. Las condiciones sólo se han seguido empeorando.

Las facciones chavistas y de oposición de la clase gobernante temen una explosión social. El exministro del Interior, Miguel Rodriguez Torres, puso de manifiesto este factor cuando publicó en febrero que el gobierno debe “abrir los espacios de participación para disipar la violencia”, manifiestamente por ser “el mejor homenaje a los caídos del 89”.

Esta fue una referencia a las protestas de masas de febrero y marzo de 1989, cuando las manifestaciones en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas, contra un aumento en las tarifas de autobús se propagaron rápidamente en todo el país detonando una explosión social. El gobierno de Carlos Andrés Pérez respondió suspendiendo la Constitución, declarando ley marcial y masacrando a más de mil personas.

Este evento se encuentra cada vez más presente en la mente de ambas facciones de la burguesía venezolana. Tanto los chavistas como la oposición están desarrollando estrategias que tienen como objetivo primordial impedir otro estallido de la lucha de clases.