El ex ministro de asuntos exteriores iraquí Tariq Aziz muere en prisión a los 79 años

por Bill Van Auken
16 junio 2015

(Este artículo apareció originalmente en inglés el 6 de junio del 2015; Traducido del inglés para Rebelión [http://www.rebelion.org/] por Sinfo Fernández)

Tariq Aziz, quien sirvió durante décadas como principal portavoz público del gobierno de Irak, murió el pasado viernes tras sufrir un ataque al corazón en la prisión, según las autoridades iraquíes. Tenía 79 años y su salud había sufrido un rápido deterioro como consecuencia de los doce años pasados en la cárcel, gran parte de los cuales en régimen de aislamiento.

“Tariq Aziz murió en Hospital Clínico Hussein de la ciudad de Nasiriyah”, donde fue llevado desde su celda en la prisión cuando su situación se agravó, según declaraciones de Adel Abdulhussein al-Dajili, vicegobernador de la provincia de Dhi Qar, donde se encontraba encarcelado el antiguo ministro iraquí de asuntos exteriores, a la agencia de noticias AFP.

La familia de Aziz, exiliada en Jordania, expresó su indignación por el hecho de que el régimen iraquí no les hubiera comunicado su muerte, dejando que se enteraran por los medios. Informaron que su mujer, Violeta, le había visitado en la cárcel un día antes de que muriera.

Antes de la invasión estadounidense de Irak en 2003, Aziz desempeñó los puestos de ministro de asuntos exteriores y viceprimer ministro. Su principal papel fue el de diplomático, trabajando febrilmente durante el período previo a la invasión de EEUU en el intento de impedir la guerra de agresión de Washington.

Aziz, nacionalista árabe y destacada figura del Partido Baaz de Irak, era caldeo cristiano, en reflejo del carácter laico del exrégimen iraquí. Esta comunidad se ha visto obligada en su mayoría a abandonar el país desde que EEUU ocupó Irak y fomentó los amargos conflictos sectarios.

Tras entregarse a las fuerzas de ocupación estadounidenses, Aziz fue acusado y juzgado en una farsa de juicio organizado por los estadounidenses y presidido por los partidos religiosos chiíes que habían tratado anteriormente de asesinarle. Fue sentenciado a muerte en 2010, pero el gobierno no dio ningún paso para ejecutarle, aunque sí le mantuvo entre rejas y aislado, sin duda en gran parte a petición de Washington, que consideraba que Aziz era un hombre que sabía demasiado de las criminales maquinaciones del imperialismo de EEUU en la región.

A continuación se expone una perspectiva publicada en World Socialist Web Site después de que fuera sentenciado a muerte en octubre de 2010, en el artículo “Tariq Aziz faces judicial murder in Iraq” [“Tariq Aziz se enfrenta a un asesinato judicial en Irak”]:

“La sentencia de ahorcamiento para el ex ministro de asuntos exteriores iraquí Tariq Aziz es un acto de barbarie de venganza política del gobierno-títere de EEUU en Bagdad y otro más en la letanía de crímenes de guerra perpetrados por Washington desde su invasión en 2003.

Aziz, que fue durante una década el jefe de la diplomacia iraquí en el escenario mundial, se entregó voluntariamente al ejército estadounidense en 2003. Al parecer, confiaba en que su larga reputación internacional –incluidas sus relaciones diplomáticas con las sucesivas administraciones de EEUU- podría protegerle.

En cambio, el enfermo de 74 años de edad fue sometido a más de siete años de régimen de aislamiento; primero, por los carceleros estadounidenses de Campo Cropper, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, y, más recientemente, por las fuerzas de seguridad iraquíes. Cuando las fuerzas de la ocupación estadounidense le traspasaron al gobierno iraquí en julio del año pasado, Aziz le confió a su abogado: “Estoy seguro de que van a matarme”.

Anteriormente, Aziz había sido sentenciado a una pena de prisión combinada de 22 años por las acusaciones de haber estado implicado en la ejecución de comerciantes acusados de especular con los precios durante el embargo de EEUU-ONU contra Irak y por la represión de la oposición kurda en el norte del país.

La sentencia de cárcel representaba de facto cadena perpetua, teniendo en cuenta la precaria salud de Aziz, que sufrió varios derrames cerebrales y problemas pulmonares mientras estaba en prisión, teniendo que ser operado en enero pasado a causa de un coágulo en el cerebro.

En una última sentencia, el ex ministro de asuntos exteriores fue condenado a muerte por la represión del régimen baazista de los islamistas chiíes durante la década de 1980, incluido el partido Dawa. Los seguidores del partido llevaron a cabo una serie de ataques terroristas apoyados por Irán durante ese período, intentando incluso asesinar tanto a Aziz como a Sadam Husein. Debería recordarse que en aquella época Washington apoyaba a Sadam Husein como baluarte contra la extensión de la revolución iraní a las poblaciones chiíes del mundo árabe.

El tribunal que dictó estas sentencias se creó con un decreto emitido bajo la Autoridad Provisional de la Coalición de la ocupación estadounidense con objeto de procesar a los miembros del gobierno baazista que la invasión estadounidense derrocó. Los componentes de ese tribunal fueron elegidos y pagados por la embajada de EEUU en Bagdad. Desde su creación, ese falso tribunal ha utilizado los métodos más crueles de la “justicia de los vencedores”.

El hombre que probablemente firmará la sentencia de muerte de Aziz es el primer ministro interino Nur al-Maliki, la principal figura del partido Dawa, mientras que el juez que emita la sentencia, Mahmud Saleh al-Hasan, es miembro del bloque político chií de Maliki, la Coalición del Estado de Derecho.

Aziz ha ido pasando por todos sus múltiples juicios prácticamente sin representación legal alguna, porque los abogados que se atrevían a defenderle eran amenazados de muerte por las milicias chiíes vinculadas con el régimen apoyado por EEUU.

En resumen, fue encontrado culpable de los crímenes de la policía secreta de Sadam Husein en función de su representación del gobierno de Irak como diplomático-jefe del país. Quienes están familiarizados con el funcionamiento del régimen baazista rechazan esta lógica, señalando que Aziz no formó nunca parte del círculo interno que controlaba las fuerzas de seguridad, en gran medida integrado por el clan de Husein de Tikrit.

No es pequeña la ironía de que Aziz haya sido sentenciado a muerte por persecución por motivos religiosos. Nacido en 1936 en una empobrecida familia cristiana del norte de Iraq, Aziz se sintió atraído por la política nacionalista cuando tenía veinte años, trabajando entonces para derrocar a la monarquía apoyada por los británicos. Como muchos de los jóvenes radicalizados del mundo árabe de su generación, creía que la revolución nacionalista podría liberar la región del legado del colonialismo, incluyendo las divisiones étnico-religiosas exacerbadas por los métodos de divide y vencerás del imperialismo europeo.

Las fuerzas políticas iraquíes que supervisaban su juicio están vinculadas a las milicias implicadas en el masivo baño de sangre sectario provocado por la ocupación estadounidense. La población cristiana de Iraq ha sido aniquilada y la posibilidad de que alguien nacido cristiano, como Aziz, pudiera asumir un puesto destacado en el actual régimen es absolutamente nula.

No obstante, lo más importante es que el tribunal y el mismo régimen son las creaciones de una guerra y ocupación criminales perpetradas por el imperialismo estadounidense. La sentencia de muerte vino dictada por Washington.

Mientras que la Unión Europea declaraba que la sentencia de muerte decretada contra Tariq Aziz era “inaceptable” y el Vaticano y varios gobiernos europeos pedían el indulto, la administración Obama mantenía un silencio culpable.

La pregunta obvia que se podría plantear ante el linchamiento judicial de Tariq Aziz es: ¿Quiénes son Washington y sus clientes locales para juzgar a nadie por crímenes contra el pueblo iraquí? Como el mismo Tariq Aziz le dijo al Guardian británico el pasado agosto, en la única entrevista que se le ha hecho desde que está preso: “Todos somos víctimas de EEUU y Gran Bretaña. Ellos mataron a nuestro país”.

Los últimos siete años y medio de ocupación liderada por EEUU han destruido la sociedad iraquí, llevándose las vidas de más de un millón de personas, convirtiendo en refugiados a más de cuatro millones y dejando a muchos millones más de seres hambrientos, desempleados y carentes de los servicios más esenciales.

Sentenciar a muerte a Tariq Aziz mientras los autores de esos crímenes –tanto en las administraciones de Bush como de Obama- disfrutan de total impunidad no es sólo un crimen, es una obscenidad.

Denunciando el carácter apresurado de la sentencia de muerte, dictada sin el habitual plazo de espera de 30 días en este tipo de decisiones, los abogados de Aziz dijeron que estaba políticamente motivada. Denunciaron que el tribunal actuó en nombre de Maliki y sus patronos en Washington para distraer a la opinión pública de la publicación de WikiLeaks el pasado fin de semana de casi 400.000 documentos clasificados de EEUU, en muchos de los cuales se exponía la masacre de civiles y las torturas sistemáticas perpetradas por las fuerzas-títeres de seguridad iraquíes con la aprobación tácita de EEUU.

El consejo de guerra sumarísimo que sentenció a Aziz estaba actuando como instrumento de la política estadounidense no menos que la infame Brigada del Lobo entrenada por EEUU, a la cual, como los documentos de WikiLeaks han revelado, el ejército estadounidense entregaba a los detenidos para que pudieran ser torturados –a menudo hasta la muerte- con taladros eléctricos, descargas de alto voltaje y otros instrumentos de refinado salvajismo.

Washington tiene sus propias razones para desear que muera el ex ministro de asuntos exteriores iraquí. Dentro de la clase gobernante hay todo un grupo que aún se resiente amargamente de su muy elocuente desmentido de los pretextos inventados –“armas de destrucción masiva” y vínculos con al-Qaeda- para la invasión estadounidense.

Y más importante aún, la larga carrera diplomática de Aziz le coloca en una posición única para revelar el criminal historial del imperialismo estadounidense en relación con Irak. Fue el primero en recibir a Donald Rumsfeld (secretario de defensa de Bush en la época de la invasión, en 2003), quien viajó en 1983 como enviado especial de la administración Reagan para ofrecerle apoyos a Sadam Hussein en la guerra de Irán-Irak.

Estaba en el centro de las maniobras diplomáticas entre Washington y Bagdad que precedieron a la I Guerra del Golfo, cuando la embajadora estadounidense en Bagdad, Abril Glaspie, dio lo que suponía una luz verde para la invasión iraquí de Kuwait en 1990, que a su vez proporcionó el casus belli para una intervención masiva del ejército estadounidense en el Golfo Pérsico.

Podría también exponer la forma en que Washington fue sistemáticamente rechazando las pruebas de que Irak “no tenía armas de destrucción masiva”, saboteando cada intento de impedir la guerra que lanzó en 2003.

La elite gobernante de EEUU tiene un gran interés particular en que los secretos de Tariq Aziz sobre los últimos treinta años de relaciones entre Irak-EEUU se vayan con él a la tumba. ¿Por qué mantener vivo a un hombre que podría ser llamado como principal testigo en sus propios juicios por crímenes de guerra?

Es por todas estas razones por las que la clase trabajadora internacional debería oponerse a la ejecución de Tariq Aziz y exigir su liberación inmediata. La justicia para el sufriente pueblo de Irak sólo puede lograrse haciendo que rindan cuentas todos los responsables de haber emprendido una guerra ilegal de agresión, con todos los innumerables crímenes que ha ido engendrando.