La burguesía mexicana toma pasos para responder a la ventaja de López Obrador en las encuestas

por Don Knowland
9 mayo 2018

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato presidencial de la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” —compuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo— se mantiene a la cabeza en las encuestas con más del 40 por ciento de la intención del voto y una ventaja de 18-20 por ciento sobre Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición “Por México al Frente” —conformada por el derechista Partido Acción Nacional (PAN) de Anaya, el antiguamente centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC)—. En tercer lugar, con menos del 20 por ciento, se encuentra José Antonio Meade Kuribreña del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su coalición “Todos por México”.

La cómoda ventaja de AMLO en una contienda electoral en la que el ganador se lleva todo refleja el rechazo popular a la violencia, la corrupción y las políticas económicas del actual Gobierno priísta del presidente Enrique Peña Nieto y de las últimas dos Administraciones del PAN bajo Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ante la proyección de una victoria abrumadora de AMLO el primero de julio, y una campaña de Meade que no tiene prácticamente ninguna probabilidad de cubrir la distancia, la semana pasada estuvo dominada por una extraordinaria serie de arremetidas, negaciones, intrigas y maniobras agresivas, reflejando las maquinaciones de la burguesía mexicana para encontrar una respuesta al surgimiento de AMLO.

Hace menos de dos meses, Anaya insistió en que consideraba perseguir el encarcelamiento de Peña Nieto por corrupción, pero la semana pasada AMLO acusó a Anaya de haber discutido con un grupo de prominentes empresarios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el cual incluye a los 10 magnates más ricos del país, darle al mandatario “impunidad” a cambio de que el PRI apoye a Anaya para derrotar a AMLO.

Anaya niega esto, pero se filtró un video que lo muestra reunido el viernes anterior con altos ejecutivos del segundo mayor banco de México, Citibanamex, la subsidiaria mexicana del gigante global Citibank, en donde dice estar dispuesto a “construir” una alianza con Peña Nieto para que Meade se salga de la campaña electoral, todo a fin de prevenir que AMLO gane la Presidencia.

Luego, Anaya aclaró que no busca un “pacto” con el presidente que le conceda impunidad a Peña Nieto ni tampoco un cierre de campaña por parte de Meade. En cambio, Anaya solo busca el “voto útil”, es decir, votos de la coalición del PRI que serían aprovechados para detener a AMLO.

El vocero de la campaña presidencial de Meade, Javier Lozano, reconoció que existe una gran presión desde el sector empresarial para que Meade y la “independiente” Margarita Zavala, la ex primera dama con Calderón, dejen la contienda. Lozano insistió en que Meade no desistirá, mientras que Zavala, quien no pasa del 4 por ciento en las encuestas, ha seguido su campaña.

Sin embargo, las tensiones internas dentro del PRI se recrudecen. Esto se vio reflejado en la destitución del presidente del partido, Enrique Ochoa, quien fue reemplazado por René Juárez Cisneros, subsecretario de la Secretaría de Gobernación cuando la presidía Miguel Ángel Osorio Chong. Por mucho tiempo, se pensó que Chong sería el candidato presidencial del PRI, pero decidió no postularse porque pensaba que el PRI no tenía posibilidad de ganar.

El jueves por la mañana, el CMN publicó un artículo en varios periódicos de la Ciudad de México quejándose de que AMLO los había ofendido al sugerir que sus intentos para que Anaya le pidiera apoyo a Peña Nieto constituían una intervención ilegal en el proceso electoral.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de mayor tamaño, le exigió a AMLO que dejara de atacar a los cabecillas de la industria mexicana.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, titular de la gigantesca Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reafirmó su poder en una amenaza poco discreta a AMLO:

“No vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia tengamos un regreso al autoritarismo. No vamos a permitir lo que ya vimos en 1970, donde se polarizó a la sociedad. No vamos a permitir ni podemos aceptar, de ninguna manera, ese maniqueísmo que quiere dividir a la sociedad mexicana entre ricos y pobres, entre el pueblo y los fifis [jóvenes adinerados], entre empresarios y trabajadores, entre güeros y morenos”.

En una entrevista sobre amplios temas el jueves para Televisa, la mayor cadena televisiva de México, AMLO respondió llamando a la cúpula del CMN una “mafia de poder” que ha obstruido la democracia y ha librado una guerra sucia en su contra para descarrilar su proyecto político. Su figura no es de ninguna manera antiempresarial, insistió, sino que solo busca acabar con el reino de este pequeño grupo “para que dejen de estar robando y medrando al amparo del poder público”.

De hecho, durante la entrevista, López Obrador se empeñó para asegurarle nuevamente a la patronal mexicana que no pretende avanzar un programa izquierdista. Favorece el mercado libre, dijo, con un banco central independiente y una fluctuación libre del peso.

Insistió en que no habrá ninguna persecución de políticos ni empresarios, ni expropiaciones de negocios, ni la toma estatal de lo que Gobiernos pasados hayan vendido o privatizado. No perderá el tiempo en tales batallas “inútiles”, manifestó.

AMLO también revirtió su promesa de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de miles de millones de dólares en la Ciudad de México —el mayor proyecto de obras públicas en la historia del país y una mina de oro para empresarios como Carlos Slim, el más rico del país, que obtuvieron concesiones para la construcción—. AMLO afirmó que el enorme proyecto no sería cancelado automáticamente, sino que sería examinado en términos de corrupción y efectividad de costos.

Pese a haber atacado previamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por ser injusto para ciertos sectores empresariales mexicanos y para los agricultores pequeños, López Obrador no ha contradicho de ninguna manera las recientes declaraciones de sus principales asesores de que él respetará los términos renegociados del TLCAN si EUA, México y Canadá llegan a un acuerdo antes de los comicios en julio.

Las reafirmaciones de AMLO han vuelto a demostrar de que es, si acaso, un socialdemócrata tibio con algunos vestigios añejos nacionalistas, que cuadraría apropiadamente, como Bernie Sanders excluyendo sus presunciones socialistas, en el Partido Demócrata de Estados Unidos. En realidad, López Obrador no representa una amenaza significante al orden capitalista en México. Ante un estallido de oposición de las masas obreras mexicanas, AMLO podría ser el mejor posicionado para contenerlo, de forma muy similar a Syriza en Grecia.

Sin embargo, sectores dominantes de la burguesía estadounidense y mexicana se oponen inclusive a las limitadas propuestas de reforma de AMLO. A Estados Unidos también le inquieta que, dadas las políticas comerciales agresivas de Trump, una Administración de López Obrador sea propensa a estrechar lazos con China en busca de desarrollo económico. Las campañas de propaganda que buscan asociar a AMLO con Venezuela y Cuba, e incluso las acusaciones engañosas de que Rusia busca interferir en el proceso electoral mexicano ya han puestas a prueba, pero tales esfuerzos parecen haber fracasado por falta de tracción en la población.

El World Socialist Web Site reportó recientemente que Google, Facebook y Twitter, los cuales se han integrado cada vez más en el Estado y las agencias de inteligencia estadounidenses, han firmado convenios durante los últimos meses con el Instituto Nacional Electoral de México, el cual organiza las elecciones. (Ver aquí y aquí). Contando con la capacidad de manipular y censurar las redes sociales para favorecer a candidatos o partidos, estas corporaciones han recibido prácticamente las llaves a las computadoras del INE con la posibilidad de manipular los resultados electorales en tiempo real, si así lo decidiera la clase gobernante.

Estas medidas extremas podrían detonar protestas de gran escala, resultando posiblemente en un Gobierno de emergencia y la imposición de ley marcial. La nueva Ley de Seguridad Interior de México que fue promulgada en diciembre le concede al presidente el poder de desplegar al Ejército y a la Marina para que intervenga en caso de “amenazas a la seguridad interior”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de mayo de 2018)