Los procesos globales detrás de la crisis parlamentaria en Australia

18 noviembre 2017

La política oficial australiana se encuentra en caos. El 27 de octubre, la Corte Suprema decretó que cinco miembros electos del Parlamento, incluyendo al primer ministro adjunto no eran elegibles al Parlamento por tener una ciudadanía doble, en otro país.

El tribunal interpretó de la forma más literal una disposición de la Constitución de 1901 que proscribe que cualquier persona forme parte del Parlamento que “mantenga cualquier reconocimiento de lealtad, obediencia o adherencia a una potencia extranjera” o que “goce de los derechos o privilegios de un súbdito o ciudadano de una potencia extranjera”.

El fallo unánime por parte de los siete jueces asevera que los miembros del Parlamento no pueden tener “lealtades ni obligaciones extranjeras”. La corte avaló la postura que los políticos tienen que tener una “lealtad resuelta” hacia Australia.

Desde que se tomó esta decisión, más de tres legisladores han renunciado porque sus padres nacieron en Reino Unido y eran elegibles a optar por una ciudadanía de una “potencia extranjera” que colonizó el continente y cuya monarca es también la reina de Australia.

En un acuerdo entre la coalición oficialista de los Partidos Liberal y Nacional y el Partido Laborista de oposición, todo miembro del Parlamento tiene que entregar una declaración de divulgación para el primero de diciembre. Todos tienen que jurar que han renunciado a cualquier derecho de ciudadanía en otro país que provenga tanto del lugar de nacimiento de un padre, abuelo o incluso a través de un matrimonio.

Un total de 30 de los 226 parlamentarios en ambas cámaras podrían ser destituidos como resultado. Incluso antes del probable éxodo que preceda el primero de diciembre, la coalición oficialista ya perdió la mayoría de un asiento en la cámara baja que necesitaban para gobernar. Los verdes y otros partidos de la élite política han sugerido pedirle al gobernador general de Australia, un cargo no electo popularmente, que emplee los poderes dictatoriales que ejerce para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

La situación ha dejado a la mayoría de australianos, y ni hablar de los observadores internacionales, completamente confundidos. El país es uno de los más diversos culturalmente del planeta. Su población ha crecido de apenas siete millones a cerca de 25 millones hoy como resultado directo una alta migración. Bajo ley australiana, se les permite a tres millones de personas tener una ciudadanía doble en Reino Unido. Millones más pueden tener una ciudadanía doble en Nueva Zelanda, Italia, Grecia y docenas de otros países desde donde hayan migrado en las décadas desde la Segunda Guerra Mundial.

Los suburbios de clase obrera en las principales ciudades como Sídney y Melbourne son un verdadero crisol cultural. Los lugares de trabajo y especialmente los patios de recreo en las escuelas son testimonio de la convivialidad fraternal y harmoniosa de personas con distintos orígenes étnicos, lingüísticos o religiosos, asumiendo que no estén desorientados o divididos por racismo y nacionalismo.

Sin embargo, en el año 2017, eso precisamente lo que la Corte Suprema procura con su intervención. Los miembros del Parlamento son el blanco inicial de una caza de brujas siniestra. El verdadero objetivo, empero, es una clase obrera diversa étnica y culturalmente. Este tribunal, el principal brazo judicial del Estado capitalista, ha decretado efectivamente que la mitad de la población no es australiana hasta que prueben que tienen una “lealtad indivisa” hacia el país en el que sus padres o abuelos nacieron.

El significado de lo que está aconteciendo sólo puede ser entendido contra el trasfondo económicos y políticos mundiales.

La enorme globalización de la producción que ha tenido lugar en los últimos cuarenta años no ha minimizado del todo los antagonismos ni conflictos nacionales. Al contrario, se ha llegado al punto en el que el imperialismo estadounidense, encabezado por la figura degenerada de Donald Trump, está amenazando abiertamente a China, Alemania, Japón y a otros rivales económicos con una guerra comercial. Al igual que en la década de 1930, la ruptura actual de las relaciones económicas internacionales constituye el preludio de un conflicto militar.

La histeria patriótica en Australia es una expresión de tendencias universales. En todo país, la élite capitalista está fomentado la xenofobia en preparación para la guerra, la cual están llevando a cabo en las espaldas de la población. El nacionalismo es el medio ideológico por el cual la clase gobernante intenta envenenar las mentes de la mayoría trabajadora para que crea que comparte los mismos intereses de la diminuta minoría de oligarcas corporativos y ultrarricos.

Paul Kelly, el editor general del diario Australian, propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, subrayó la importancia de exigir una lealtad indiscutible a la nación en un comentario la semana pasada. Denunció cualquier sugerencia que la Constitución sea cambiada para que ciudadanos con doble nacionalidad puedan formar parte del Parlamento como un “proyecto de ingeniería social que busca debilitar la soberanía australiana en aras del internacionalismo”.

A medida que se desarrolla la lucha global entre las grandes potencias, la política exterior australiana se basa más en la conclusión de que la guerra entre su aliado estadounidense y China por el dominio de la región de Asia-Pacífico es inevitable. Las facciones dominantes de la burguesía y tanto la coalición oficialista como los laboristas, apoyan el alineamiento militar incondicional y completo de Australia con Washington.

Un reporte publicado esta semana por el centro de pensamiento financiado estatalmente, el Australian Strategic Policy Institute (ASPI), demoniza a China como una amenaza a los intereses estratégicos de EUA y Australia. Luego, indica blandamente que una guerra con China “pondría en consideración el uso de armas nucleares”.

El periódico Australian aplaudió el reporte del ASPI en su editorial del 16 de noviembre, alabando a sus autores por “no tener tiempo para sensibilidades diplomáticas que buscan sugerir que nuestros programas de submarinos, fragatas y misiles que han costado múltiples miles de millones de dólares tienen un enemigo potencial que no es China en mente”.

La caza de brujas sobre ciudadanía dual en el Parlamento emergió en medio de una agitación constante en la prensa convencional a favor de la toma de medidas contrala presunta “influencia china” en la política y sociedad australianas. Esto es parte de un intento calculado para crear una atmósfera política propia para una guerra, caracterizada por la expectativa de que todos los ciudadanos “leales” se envuelvan con la bandera australiana y demuestren su fidelidad a la nación.

Al mismo tiempo, el fomento del patriotismo es motivado por el temor de la élite gobernante. Es un intento desesperado para cultivar una base de apoyo derechista que vaya a defender a “la nación” —es decir, los intereses de sus oligarcas capitalistas— de estallido inevitable de luchas de la clase obrera contra la desigualdad social y el peligro de una guerra. El 10 por ciento en la cima socioeconómica de la población controla al menos 55 por ciento de la riqueza total del país, mientras que el 1 por ciento más rico es dueño del grueso de esta porción. No tan lejos de las ostentosas exhibiciones de riqueza en los suburbios frente al mar de Sídney, las familias obreras apenas pueden mantener un techo sobre sus cabezas y comida sobre sus mesas con lo poco que ganan.

Las consecuencias de esta crisis parlamentaria constituirán una reestructuración de la política oficial. El sistema bipartidista que han dominado la coalición y los laboristas se desintegrará bajo el impacto de las enormes presiones geopolíticas y antagonismos de clase. Como sucede a través de Europa y Estados Unidos, se está desmoronando la fachada de democracia que utilizaba la clase capitalista para gobernar en el pasado. Cada vez más explícitamente, se están llevando a cabo preparativos para descartar incluso este frente e imponer medidas directamente dictatoriales.

Las maquinaciones de la élite gobernante tienen que ser enfrentadas con la intervención de un movimiento político independiente de la clase obrera que avance una alternativa socialista e internacionalista al capitalismo y sus divisiones nacionales. En Australia e internacionalmente, solo el Comité Internacional de la Cuarta Internacional y el Partido Socialista por la Igualdad luchan por esta perspectiva.

James Cogan