La policía española asalta edificios del gobierno catalán y arresta a cargos públicos

por Paul Mitchell
25 septiembre 2017

La Guardia Civil española arrestó el miércoles a 14 altos cargos públicos del gobierno regional catalán y a empresarios catalanes locales, mientras el gobierno del Partido Popular (PP) intensifica sus esfuerzos por detener el referéndum sobre la independencia planeado para el primero de octubre.

La Guardia Civil se incautó de tarjetas de voto, afiches sobre el referéndum, panfletos y planchas de imprenta. También allanaron la sede del partido independentista de pseudo-izquierda Candidaturas de Unidad Popular (CUP), que no tiene cargos ejecutivos en el Estado catalán, y Fundació puntCAT, que supervisa los sitios web regionales “.cat”. El gobierno ha lanzado una investigación a los más de 700 alcaldes que han respaldado el referéndum y les ha ordenado que se personen en los tribunales.

El Ministerio de Hacienda español confirmó que el gobierno central ha asumido el control del sistema financiero del gobierno catalán, impidiéndole solicitar préstamos de dinero, y tomando el control de las tarjetas de crédito de políticos y funcionarios.

La manifestación en Barcelona

Como respuesta, estallaron grandes manifestaciones de oposición en la capital regional, Barcelona, y otras ciudades catalanas. Una manifestación de simpatía también tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid contra los allanamientos de la policía española.

El presidente de Cataluña Carles Puigdemont ha convocado una reunión de emergencia del gobierno regional. Informes sugieren que dejó preparadas medidas en secreto para votar en el día y que alineó a observadores internacionales conducidos por el diplomático holandés Daan Everts y Helena Catt, quien fuera directora de la comisión electoral neocelandesa —aunque observadores más prestigiosos hasta el momento se han negado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, portavoz de Catalunya en Comú, una coalición que incluye a Podemos, Izquierda Unida y los Verdes, quien recientemente entregara algunas de las instituciones de Barcelona al gobierno regional para permitir que la votación tuviera lugar, pidió a sus miembros y simpatizantes que “defendieran las instituciones catalanas”.

“Es un escándalo democrático que se registren instituciones y se detenga a cargos públicos por motivos políticos”, declaró Colau.

El director de la organización paraguas independentista, la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, dijo, “Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones”.

El portavoz del gobierno catalán Jordi Turull calificó la situación de “Estado policial y de sitio”.

En Madrid, los parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) abandonaron el Congreso, y uno de ellos, Gabriel Rufián, le dijo a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno del PP, “Le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”.

Rajoy replicó que “lo que hemos visto en Cataluña es un intento de liquidar la Constitución” y “ahora una gente que está saltándose la ley, que está actuando contra la Constitución española y contra el estatuto de Cataluña”, así que “lógicamente el Estado tiene que reaccionar”. Le pidió a Puigdemont “que cumpla la ley”.

Informes sugieren que el viernes el gobierno del PP empezará el proceso formal para activar el Artículo 155 de la Constitución española para suspender el gobierno local en Cataluña, “hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

El PP ha sido espoleado por los medios burgueses, donde muchos editoriales le criticaron que fuera demasiado débil. De manera muy reveladora, El País, el periódico ostensiblemente liberal pro-Partido Socialista Obrero Español (PSOE), declaró, “La democracia y el orden constitucional que los españoles nos dimos en 1978 tras largos años de dictadura se encuentran en un momento crítico. El reto planteado por el [Gobierno catalán] y la mayoría parlamentaria que lo sostiene amenazan con destruir la unidad y convivencia. De forma irresponsable … los independentistas se han embarcado en un desafío sin precedentes al Estado. El Gobierno [central], como el resto de las instituciones, tiene la obligación de actuar con firmeza y todos los medios legales para defender la vigencia de la Constitución, la democracia y los derechos y libertades de todos los españoles”.

El País condenó al cuerpo armado catalán, los Mossos d’Esquadra, porque “permanece impávido ante la comisión de delitos que socavan el orden constitucional y estatutario”. Le dijo a Rajoy que él “tiene la responsabilidad y la obligación de actuar para evitar que España se convierta en un Estado incapaz de hacer cumplir las leyes y de que se respete su Constitución”.

Exigió al presidente del gobierno que cree divisiones entre “verdaderos independentistas” y los federalistas que atrajeron durante los últimos años ofreciendo reformas, aunque ello “generaría muy probablemente una gran hostilidad en el resto de las Comunidades Autónomas”.

El periódico de derechas El Español declaró, “La falta de determinación y claridad de Rajoy a la hora de parar el golpe independentista debilita la contraofensiva del Estado a la vez que envalentona a los partidos más hostiles con el régimen constitucional …”.

“Rajoy y [la vicepresidenta] Sáenz de Santamaría han permitido al bloque secesionista ir siempre un paso por delante por su temor a activar el 155, que permite incluso suspender la autonomía. Esta estrategia no solo genera tensiones innecesarias en el Constitucional, sino que también compromete la unidad de los partidos constitucionalistas frente al desafío. El desconcierto es muy visible en el PSOE, que ha pasado de oponerse a no querer pronunciarse sobre una hipotética aplicación del 155”.

El PSOE está en crisis por las acciones de Rajoy, y un documento interno del partido que se ha filtrado declaraba, “el choque de trenes en Cataluña ya es irreversible”.

Los dirigentes del partido hicieron declaraciones contradictorias. El PSOE se opone a la independencia catalana, pero ha objetado la invocación del artículo 155, diciendo, por miedo de despertar la indignación popular, que es una “medida desproporcionada”. Mientras el líder del PSOE Pedro Sánchez recientemente ha dejado de descartar la invocación del artículo 155 en público, el portavoz del partido Óscar Puente ha declarado esta semana, “No sería deseable. Pero pronunciarnos de forma categórica sería imprudente”.

La crisis se volvió más aguda en el Congreso el martes cuando el dirigente del partido de derechas Ciudadanos Albert Rivera introdujo una moción de confianza para el manejo de Rajoy de la situación. Rivera dijo que quería que la Cámara expresara “su apoyo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional”.

Sin embargo, cuando el PSOE propuso una enmienda para abrir “un espacio para el diálogo para buscar una manera pactada y legal para hacer desaparecer las divisiones y fortalecer la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país”, Rivera se negó.

Como resultado, el PSOE votó contra la moción en vez de abstenerse, como se esperaba. Fue derrotada por 166 votos en contra y 158 a favor.

El Español se quejaba, “La propuesta podría haber servido para mostrar la unidad de las fuerzas constitucionales contra el referéndum de Carles Puigdemont, pero se ha convertido en una trampa para el Ejecutivo después de que el PSOE depusiera las armas y votara en contra. Aunque ello también ha dividido a los propios socialistas, dado que cuatro miembros del grupo se abstuvieron”.

La presión está creciendo sobre los independentistas catalanes desde la élite gobernante internacional. El Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani y el Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker dijeron que hay que respetar la ley y la constitución de los Estados miembros. Si Cataluña se independentizara no solo sería considerada un tercer país, sino que se le permitiría utilizar el euro solo de manera limitada, como en Kosovo.

En un editorial del Financial Times publicado el 17 de septiembre, el periódico dijo que el Tribunal Constitucional era “la autoridad definitiva sobre estos asuntos” y árbitro en la “unidad indisoluble de la nación española”. Cualquier declaración de independencia sería “un gesto retórico vacío”.