Los trabajadores portuarios de Barcelona boicotean cruceros con policías españoles enviados contra el referéndum catalán

por Alejandro López
25 septiembre 2017

Los trabajadores portuarios de los dos principales puertos de Cataluña, en Barcelona y Tarragona, se están negando a prestar servicio a los cruceros con efectivos de la policía antidisturbios y las unidades paramilitares de la Guardia Civil enviadas por el Ministerio del Interior para aplastar el referéndum secesionista. Esto se produce en medio de una crisis política que se agrava rápidamente en España causada por la represión del Gobierno central contra el referéndum independentista convocado por las fuerzas separatistas catalanas el 1 de octubre.

Un poco más de una semana antes del referéndum programado, el Ministerio del Interior de España ha activado una de las mayores operaciones de seguridad desde el fin del régimen fascista del general Francisco Franco en 1978. Está utilizando tres cruceros turísticos para albergar a más de cuatro mil policías enviados a Cataluña. Dos de los barcos están anclados en Barcelona y el tercero en Tarragona.

En una “asamblea extraordinaria” el jueves por la mañana, los trabajadores portuarios de la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona (OEPB) se reunieron para dar su respuesta a las detenciones del día anterior. Ellos acordaron unánimemente no dar ningún servicio a los dos cruceros “en defensa de los derechos civiles”, y contra los que definieron como “barcos de la represión”.

El secretario de OEPB, Josep Maria Beot, dijo que la compañía que gestiona el puerto había ordenado a cinco trabajadores cuidar varios contenedores de uno de los barcos. Añadió: “Mientras esta situación excepcional dure, los barcos que nos destinen que respondan a esta situación no los atenderemos”.

Un portavoz, Gabriel Jiménez, dijo al diario El País: “Se están vulnerando muchos derechos civiles, y como estibadores estamos afectados”. Luego, agregó: “Si fuese un crucero normal o un barco de refugiados, le daríamos suministro sin pensarlo, pero a estos barcos, si nos lo piden, no se lo vamos a dar”.

Horas más tarde, los trabajadores de la empresa encargada de estibar las mercancías del puerto de Tarragona también se negaron a dar servicio a los barcos. Anunciaron que no les suministrarán combustible porque pueden contribuir “a la represión de principios democráticos elementales”.

El miércoles, la Guardia Civil española detuvo a 14 altos funcionarios de la Generalitat o gobierno regional catalán y a empresarios locales catalanes. La misma mañana, trató de atacar la sede del partido separatista y de pseudoizquierda Candidatura de Unidad Popular (CUP) sin una orden judicial. Los efectivos se detuvieron cuando los manifestantes les bloquearon la entrada.

Este fue el más reciente intento del Gobierno conservador del Partido Popular (PP) para detener el referéndum de independencia. Días antes, la Guardia Civil se apoderó de tarjetas de votación, carteles del plebiscito, folletos y planchas de impresión. También cerraron 22 sitios web a favor del referéndum. La administración local catalana fue efectivamente suspendida después de que el Gobierno central asumiera el control financiero de la Generalitat.

En respuesta, durante dos días seguidos, han estallado protestas de masas en la capital catalana de Barcelona.

El miércoles por la noche, Rajoy dijo una vez más que el referéndum no se celebrará: “No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad para ello, regresen a la Ley”, le dijo al Gobierno regional del primer ministro catalán, Carles Puigdemont, llamando al referéndum una “quimera”.

Al día siguiente, Puigdemont reaccionó publicando un tuit con los lugares de votación para la población catalana.

Los informes sugieren que el gobierno del PP, apoyado por el Partido Socialista (PSOE) y por los ciudadanos, activará el artículo 155 de la Constitución española para suspender legalmente a la Generalitat. El artículo nunca ha sido invocado por temor a que provoque una erupción de oposición política dentro y fuera de Cataluña.

Los nacionalistas catalanes fueron los que sentaron las bases para la represión estatal de los trabajadores portuarios de la región. El separatista Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT), al que pertenece el primer ministro catalán Puigdemont, votó el pasado mes de mayo junto al Partido Nacionalista Vasco a favor del decreto del gobierno del PP que despojaba a los trabajadores portuarios de sus derechos y beneficios básicos. La legislación, aprobada bajo la presión de la Unión Europea, condujo a la privatización de los puertos y al empeoramiento de las condiciones laborales y seguridad para 6000 trabajadores portuarios.

El portavoz del PDeCAT en el parlamento español, Ferran Bel, declaró que esperaba que la UE tomara nota del compromiso de los separatistas catalanes con Europa.

Detrás de la afirmación de Bel, está el compromiso de la burguesía catalana con no vacilar en cumplir con la aplastante austeridad, el militarismo, las guerras imperialistas y la incitación a la xenofobia de la Unión Europea. Demostró que la república autónoma catalana que pretenden construir llevaría a cabo el mismo tipo de ataques contra los trabajadores como lo ha hecho ya como gobierno regional.

La posición valiente y de principio de los trabajadores portuarios en defensa de los derechos democráticos refleja la creciente radicalización de la clase obrera. Es la primera señal de intervención de la clase obrera en la emergente crisis del régimen burgués.

Señala además a la verdadera preocupación de fuerzas como el pseudoizquierdista Podemos, que han pedido desesperadamente una “asamblea extraordinaria” de representantes locales, regionales, nacionales y europeos de diferentes partidos para pedirle al PP que acepte un referéndum negociado con los separatistas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dijo: “Frente a la excepcionalidad, nosotros, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apostamos por la democracia”, llamando a “defender la democracia frente al Partido Popular”.

Sin embargo, el objetivo de la asamblea sería evitar un enfrentamiento abierto entre Madrid y Barcelona, un escenario que podría salirse rápidamente de control, hundiendo a la cuarta mayor economía de la zona euro y un miembro clave de la UE y la OTAN. Lo más aterrador de todo para Podemos es el temor de que la oposición a las medidas estatales policiales de Rajoy se desarrolle fuera del marco de la política burguesa española y catalana y que la crisis pueda desencadenar una respuesta masiva de los trabajadores en medio de crecientes tensiones sociales en España y en todo el continente, provocado por casi una década de profunda austeridad y crisis económica.

Mientras que la mayoría de los medios de comunicación españoles están respaldando las medidas de Rajoy y pidiendo una nueva represión, los diarios catalanes advierten del malestar social que esto puede crear.

Enric Juliana en La Vanguardia advierte que, “La ampliación del canal de la protesta puede estar desdibujando algunas fronteras emocionales entre independistas y no independistas. Este nuevo fluido puede incrementarse en los próximos días, según cuáles sean las decisiones del aparato del Estado”.

El editorial de ayer de El Periódico de Catalunya advirtió: “La indignación social ha rebasado el perímetro del independentismo para extenderse a sindicatos, rectores, estudiantes, colegios profesionales e instituciones tan emblemáticas como el Futbol Club Barcelona. Un clamor casi unánime que debería llevar al Ministerio del Interior a medir bien sus futuros pasos, salvo que la contundencia exhibida buscase precipitar una movilización callejera que tarde o temprano se iba a producir. En todo caso, los aires de insurrección que están adquiriendo estas protestas, como termómetro de la temperatura social, merecen una profunda reflexión política por parte de los dos gobiernos en liza”.